Sin bombos y platillos y en medio de unas seccionales atribulantes, se viene el concurso para por fin (ojalá me oiga el universo) elegir jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Nos importa? Debería importarnos a todos. Esto es de vida o muerte.

Se trata de lo que en otros países se conoce como Corte Suprema de Justicia, el tribunal que tiene la última palabra sobre tu libertad (en todo el sentido de la palabra: la ambulatoria, la económica, la de expresión, la que te permite estar vivo).

De los 21 jueces que manda la Constitución, hoy solo tiene 10 titulares, 6 de ellos terminan su período entre enero y febrero de 2027. Si nadie hace nada, la más alta Corte del país podría arrancar el año con 4 jueces titulares, lo cual sería normal en este país, porque 4 jueces son perfectos para la especialidad de los quiteños, que lo único en lo que somos internacionalmente conocidos es en una partida de cuarenta.

¿Por qué ha tardado tanto en realizarse el concurso? Porque los otros concursos se declararon nulos, porque en ellos participaban empresas fantasmas bajo el patrocinio del Diablo Terán.

¿Debemos apoyar que exista concurso? Sí. Yo lo apoyo, y con urgencia. Pero apoyar no es aplaudir. Y para eso es esta columna, para construir.

¿Por qué elegirlos mediante concurso? ¿No existen otros métodos? Pero claro que existen. Vamos uno por uno.

Uno: la elección popular. Suena muy democrático; es un desastre. ¿Se imaginan al pueblo eligiendo a los jueces que mejor bailan en las tarimas? No jodan. Ya somos tercermundistas, no podemos ser, además, idiotamundistas. Por suerte nuestra Constitución no avala semejante retroceso intelectual.

Dos: la designación presidencial. Es uno de los modelos más extendidos. El presidente nomina y, en el mejor de los casos, un Congreso confirma. Es decir, el Poder Ejecutivo, institucionalizadamente, gobierna el poder judicial. ¿Lo recomiendo? Ni en sueños. En Ecuador conocemos la versión criolla: un presidente que, en 2011, anunció que iba a meter las manos en la justicia y las metió, enteritas y hasta el fondo. ¿Cómo nos fue? Como a giles.

Tres: la postulación desde las universidades. Es mi preferida y mi sueño. ¿De qué se trata? Que la academia, y no el poder político, filtre y proponga. Es decir, que los mejores juristas sean abanderados de las mejores universidades del país (no de las truchas). Hoy este modelo no cabe en nuestra Constitución, que encarga la selección al Consejo de la Judicatura. Ojalá algún día lo discutamos, que vale la pena.

Cuatro: el concurso de méritos y oposición. Es lo que manda nuestro ordenamiento jurídico y al que no tenemos otra alternativa que atenernos. Su gran defecto es que todo depende de la calidad del filtro. Un concurso es tan bueno como sus requisitos. Y ahí vamos.

En un mundo ideal, inspirado en los Principios de Bangalore y en los estándares de la CIDH sobre independencia judicial, quien llega a la más alta Corte debería cumplir, como mínimo, con esto:

 (1) Examen técnico riguroso de la especialidad; (2) posgrado real en la materia, de universidad acreditada; (3) calidad de escritura jurídica evaluada sobre una muestra aleatoria de sus sentencias o escritos, no sobre sus favoritos; (4) especialización en la materia de la Sala; (5) producción académica relevante y verificable.

 (6) Al menos quince años de ejercicio efectivo; (7) experiencia en tribunales de alzada o de casación; (8) un historial de desempeño medible; (9) historial disciplinario completo, ante cualquier órgano; (10) referencias verificadas de colegas, contrapartes y jueces.

 (11) Patrimonio declarado, comparado en el tiempo y con el origen de los fondos explicado; (12) levantamiento del sigilo bancario; (13) declaración de procesos penales, civiles y administrativos en curso, no solo de sentencias; (14) inhabilidad expresa por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrismo y delincuencia organizada; (15) transparencia sobre sociedades y beneficiarios finales.

(16) Cinco años sin cargo partidista, candidatura ni puesto de confianza política; (17) declaración de clientes relevantes y de causas propias ante la Corte; (18) ausencia de dependencia económica de los grandes litigantes, públicos o privados; (19) cero vínculos con quienes lo designan; (20) expediente íntegramente público.

 (21) Evaluación psicológica técnica; (22) temperamento judicial: serenidad, cortesía, escucha; (23) coraje probado, es decir, haber decidido alguna vez contra el poderoso (que haya sobrevivido en el intento es irrelevante); (24) probidad notoria acreditada por terceros, no por uno mismo; (25) una audiencia pública que pese en la nota y en la que la ciudadanía pregunte.

¿Ven qué lindo suena? Ahora veamos los requisitos generales y específicos que obliga nuestra bella Constitución: ser ecuatoriano, gozar de los derechos de participación política, tener título de abogado y diez años de ejercicio con probidad notoria, y no estar suspendido ni inhabilitado. O sea, en ecuatoriano: huevadas.

¿Y eso es todo? No. Tranquilos, que el Reglamento recién inaugurado (Resolución 109-2026) establece avances serios: Autorizar el levantamiento del sigilo bancario ante la UAFE, abrir la declaración patrimonial y la del impuesto a la renta, declarar que no se tienen capitales en paraísos fiscales, prohibir el parentesco con los vocales y con quienes operan el concurso, excluir a los sentenciados por acoso sexual o violencia de género, exigir prueba psicológica y examen de confianza, y obligar a postular a una sola Sala. Nada de eso es menor.

Pero luego viene el resto. La probidad notoria, el requisito más importante de todos, se acredita con una declaración juramentada ante notario. Es decir, el notario da fe de que tú dijiste que eres probo. Aquí clavaron en el blanco, pues atinaron al adjetivo preferido del ecuatoriano promedio: se premia la mojigatería.

El filtro penal solo mira sentencias ejecutoriadas. ¿De qué delitos? Prevaricato, concusión, cohecho, extorsión, peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada. Y eso está bien. No puede ser el más alto juez anticurrupción y crimen organizado un corrupto o integrante del crimen organizado.