Los ecuatorianos sobrellevaron la emergencia energética de 2024 con estoicismo, conscientes de que las autoridades necesitaban tiempo para ejecutar los proyectos y concretar las promesas hechas durante la campaña de 2023, cuando se aseguró que no habrá más apagones.

Hoy, la frustración se percibe en el ambiente por la desconexión eléctrica impuesta a más de 9.000 empresas durante tres días a la semana, los cortes de luz a algunas localidades del país, y porque las entidades del Estado, llamadas a fiscalizar y sancionar las irregularidades de los funcionarios públicos, parecen haber abdicado de esa tarea primigenia.

Ante tal escenario, Progen y ATM, que iban a dotar de energía a Ecuador y resultaron fallidos, se alzan como el símbolo de la impunidad por un cierto tufillo a colusión que se extendió.

La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, archivó el juicio político a la exministra Manzano de Energía, a pesar de que las evidencias apuntaban a ella como una de las responsables del fallido proyecto de generación energética.

Modificaciones al contrato mediante adendas, cambios en el esquema de pagos, presiones y un audio que revelaba que la comparecencia del entonces gerente del Celec a la Asamblea era una “movida acordada con una legisladora”, fueron desestimados, hasta convertir a Progen y ATM en colosales engaños al país.

La gente ha vuelto a recordar, estos días, las piruetas del presidente de la Comisión de Fiscalización, el excorreísta Ferdinan Álvarez, que ahora milita en ADN, para impedir que los interpelantes, que acusaban a la exministra de incumplimiento de funciones en la contratación de generadores eléctricos a la empresa Austral Technical Management (ATM), la interrogaran.

La comparecencia terminó siendo una simulación, ya que la exministra ni siquiera se presentó ante la Comisión, sino que se conectó a la sesión desde fuera del país, cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo sobre el enjuiciamiento político de los funcionarios públicos, menciona que, en la fecha y hora señalados en el orden del día, se “presentará o expondrá sus pruebas de descargo ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización”.

Qué decir del papel del fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, que no atendió el pedido de la Comisión Nacional Anticorrupción de vincular al ministro Roberto Luque y a la exministra Manzano al proceso penal por la contratación de motores inservibles de Progen, caso que calificó de “gran asalto al país” porque representaría un perjuicio de USD 104 millones, según la Contraloría.

Tamaño caso en manos de quien busca la titularidad del Ministerio Público, para quedarse seis años en el cargo, evidenció negligencia, incompatible con la alta investidura que pretende ostentar.

Al contrario, el fiscal Alarcón, como si actuara al dictado, mediante dictamen abstentivo, dejó fuera del caso, al que llamó “Apagón”, a Antonio Goncalves, el único exministro al que investigó, con lo cual el proceso perdió el fuero de Corte Nacional, a pesar de que toda la contratación se habría decidido en los más altos despachos y las evidencias de viajes para inspeccionar los equipos, chats de ministros con los contratistas, fotos y documentos mostraban la participación de los altos funcionarios.

En los últimos días, el Gobierno habría logrado poner a funcionar 16 de los 48 generadores que ATM trajo al país, y que resultaron incompatibles con la red nacional, como denunció la prensa una y otra vez, poniendo en evidencia, además, que los motores eran usados, lo que ocasionó un perjuicio de más de USD 70 millones. Ahora, generarían 30 MW, de los 90 MW proyectados.

Ha sido la prensa la que también ha recordado, estos días, que la otra promesa hecha al país durante la campaña de 2023, cuando se aseguró que no habría más apagones, fue que no se permitiría la corrupción.

Allí estamos.

ATM y Progen iban a generar luz para Ecuador, pero han propiciado opacidad; una opacidad tal que hasta parece haber envuelto en ella a algunas instituciones del Estado, que han sido incapaces de fiscalizarlas y sancionarlas.