Asamblea celebra que la Corte Constitucional le dé la razón en la Ley de Lavado de Activos
La Asamblea Nacional acusó al Ejecutivo de enviar el veto parcial fuera del plazo legal, pero el presidente Daniel Noboa presentó una demanda de inconstitucionalidad que le fue negada.
La Corte Constitucional negó la solicitud presentada por la Presidencia para conocer de oficio la objeción parcial de inconstitucionalidad a la Ley de Lavado de Activos. respecto de la Ley Orgánica de Prevención
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La Corte Constitucional negó la solicitud presentada por la Presidencia de la República sobre la objeción parcial de inconstitucionalidad a la Ley de Prevención de Lavados de Activos.
La sentencia fue emitida el 22 de agosto y dada a conocer este miércoles 28 de agosto por la Asamblea Nacional que celebró la resolución como una “legalidad” de lo actuado.
Fue el pasado 29 de julio cuando la Asamblea acusó al Gobierno de Daniel Noboa de haber objetado parcialmente de forma extemporánea dicha ley.
Pugna entre Legislativo y Ejecutivo
El Legislativo había enviado la normativa al Registro Oficial para su publicación el 24 de junio y el plazo para emitir la objeción se había cumplido el 24 de julio; sin embargo, el presidente Daniel Noboa la objetó por supuesta inconstitucionalidad el 25 de julio.
“La Corte Constitucional da la razón a la Función Legislativa sobre publicar la Ley de Lavado de Activos”, escribió la Asamblea en un comunicado emitido en sus cuentas oficiales.
El dictamen fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con siete votos a favor de Karla Andrade, Carmen Corral, Enrique Herrería, Alí Lozada, Teresa Nuques, Richard Ortiz y Daniela Salazar.
Esto dice la Ley de Lavado de Activos
La ley fue aprobada con 121 votos afirmativos y entre los cambios más relevantes, le quita al Presidente de la República la potestad de elegir al director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Ahora será la Asamblea la que lo elija de una terna que enviará el Ejecutivo.
Crea también una coordinación interinstitucional para dar seguimiento a los movimientos financieros de funcionarios públicos políticamente expuestos.
El proyecto crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONCLAFT), que coordinará la lucha antilavalado.
Los legisladores consideraron que este cuerpo legal es clave para el combate a los grupos delincuenciales organizados y su financiamiento.
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