Fiscalía devela las tres fases del asesinato de Villavicencio y los roles de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo

La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio acaba de superar su primera fase. Durante la reinstalación de la diligencia, el juez Giovanny Freire desestimó los vicios de procedimiento, procedibilidad y competencia alegados por las defensas de los implicados, y declaró la validez procesal de todo lo actuado en el expediente. 

Con esta resolución judicial, el Magistrado ratifica la legalidad de la instrucción fiscal y deja el camino despejado para ingresar a la etapa de evaluación de pruebas.

Tras dictar un corto receso en la sala de audiencias, la diligencia se retomará en los próximos minutos para cederle el uso de la palabra a la fiscal Ana Hidalgo, titular de la investigación.

El Ministerio Público iniciará la exposición de su dictamen acusatorio, en el que detallará todos los elementos de convicción recabados, incluidas las transcripciones de Threema y los chats periciados, para sustentar el grado de participación de los investigados. 

La Fiscalía emitirá su acusación formal para solicitar un llamado a juicio en contra del exministro José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga, el empresario Xavier Jordán, Daniel Salcedo y los tres cabecillas de Los Lobos: Wilmer Chavarría ('Pipo'), Ángel Aguilar ('Lobo Menor') y Luis Arboleda ('Gordo Luis'). 

Una vez que concluya la intervención fiscal, seguirá la participación de las acusaciones particulares y las respectivas respuestas de las defensas de los procesados.

La cronología y los roles en las tres fases del magnicidio

Durante la exposición de su dictamen acusatorio, la fiscal Ana Hidalgo acusó a todos los procesados, asegurando que el asesinato de Fernando Villavicencio no fue un hecho aislado ejecutado por actores materiales, sino el resultado de una gran estructura criminal organizada que operó en tres fases distintas: planificación, ejecución y aseguramiento de impunidad. 

La planificación

En la primera fase, enfocada en la planificación para asesinar al entonces candidato presidencial debido a sus denuncias públicas, la Fiscalía identificó a Xavier Jordán como el núcleo o agente determinador. 

Jordán, según la Fiscalía, motivó la iniciativa criminal y financió el atentado porque las investigaciones de la víctima afectaban sus intereses económicos y lo exponían mediáticamente junto al extinto narcotraficante Leandro Norero. 

Para materializar este plan, el exministro José Serrano, en cambio, habría actuado como un personaje estratégico y proveedor de capacidades institucionales, transformando la intención en una operación ejecutable al utilizar sus contactos en las unidades de inteligencia de la Policía Nacional para vulnerar la seguridad del candidato, obtener sus rutinas precisas y definir el momento exacto para atentar contra su vida.

En esta misma etapa inicial, el exasambleísta Ronny Aleaga, según la acusación fiscal, fungió como un "procurador político criminal cooperativo", sirviendo de nexo entre la esfera política y la estructura delictiva, llegando incluso a participar mediante la aplicación Silent en una reunión en Cali, Colombia, para concertar el pago del crimen.

Por su parte, Daniel Salcedo operó como el facilitador logístico y financiero, realizando los primeros seguimientos a la víctima en 2022 y actuando como el puente directo que conectó a los autores intelectuales con los líderes de la organización Los Lobos. 

La ejecución

La segunda fase, correspondiente a la ejecución material del atentado, se concretó el 9 de agosto de 2023 a la salida del excolegio Anderson en Quito, donde Villavicencio falleció por un traumatismo craneoencefálico severo.

Para cumplir este objetivo, Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', habría actuado como director operativo al mando, aceptando el encargo por la suma de USD 1 millón, activando los recursos criminales y autorizando directamente el asesinato.

Bajo el mando jerárquico de alias 'Pipo', relató la fiscal, alias 'Lobo Menor' habría operado como subdirector y habría convertido las órdenes en acciones concretas, supervisando la logística delegada a Carlos Angulo, alias 'Invisible', quien controló a la célula de ejecutores y ya fue sentenciado como autor material del crimen. 

El aparataje económico de esta fase habría estado a cargo de Luis Arboleda, alias 'Gordo Luis', quien -según Hidalgo- recibió el dinero de los financistas, lo redistribuyó y viajó físicamente a Cali para entregar los recursos a las disidencias de las FARC, logrando así el reclutamiento y la contratación de los sicarios colombianos.

Todas estas coordinaciones, aseguró la investigadora, se realizaron bajo un esquema de clandestinidad, utilizando aplicaciones prepagadas como Threema y Signal, empleando códigos alfanuméricos y llegando al extremo de desechar dispositivos móviles en el mar para eludir rastreos. 

Aseguramiento de impunidad

Finalmente, la fiscal Ana Hidalgo denominó a esta última arista como la fase de aseguramiento de impunidad y obstrucción de la investigación. 

Según lo expuesto ante el juez de la causa, esta etapa se activó de forma posterior al asesinato del excandidato presidencial, momento en el cual las personas procesadas empezaron a operar de forma conjunta con otros actores para ejecutar múltiples actividades orientadas a generar impunidad en el hecho.

El objetivo central de la estructura criminal, dijo la agente, fue "obstaculizar de manera desmedida el descubrimiento de la verdad procesal". 

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