Con la demanda de Colombia ante la CAN, Ecuador suma una nueva disputa en tribunales internacionales

Por segunda ocasión, durante el gobierno del presidente Daniel Noboa, Ecuador es llevado ante tribunales internacionales. La primera fue con México, ante la Corte Internacional de Justicia, por la irrupción a su Embajada en Quito. En la segunda y más reciente ocasión, la demandante es Colombia y el jurado será la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Ecuador es parte de ese bloque regional desde su nacimiento, en 1969, y esta no es la primera vez que es llevado ante sus autoridades. Las demandas y reclamos ante la CAN, entre los países miembros, no son una novedad. 

La mayoría de las querellas, en realidad, son interpretaciones prejudiciales, solicitadas por jueces nacionales, que tratan sobre casos de propiedad intelectual, como disputas entre marcas y por patentes.

Sin embargo, la demanda planteada por Colombia es más compleja y tiene que ver con la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer una 'tasa de seguridad' del 30% a los productos colombianos, similar a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump. 

Esa medida ha provocado polémica e incomodidad dentro de la misma Comunidad Andina y entre las empresas, comerciantes y ciudadanos de ambos países afectados por la medida unilateral.

Las acusaciones de Ecuador, de que Colombia no cuida su frontera sur, han sido refutados por las autoridades del vecino país, bajo el argumento de que el epicentro del narcotráfico está en Ecuador, como lo ha aceptado el presidente Noboa.

Incluso, el presidente colombiano Gustavo Petro habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para pedirle sea intermediario en esta guerra comercial e hizo una exposición de lo que considera mejoras que su gobierno ha conseguido en la lucha contra las drogas.

Aunque los aranceles ecuatorianos llegaron coincidentemente en medio de las presiones públicas de Estados Unidos contra Colombia y meses antes de sus elecciones presidenciales, previstas para mayo de 2026, ninguno de los tres mandatarios ha vuelto a mencionar el tema.

Aunque Colombia decidió pasar de los discursos en redes sociales y de los comunicados de prensa, a los tribunales andinos. Petro presentó dos demandas contra Ecuador ante la CAN, por la aplicación del arancel de 30%, que entró en vigencia el 1 de de febrero de 2026.

En una de las demandas, que ya fue aceptada a trámite, Colombia solicita que el "órgano comunitario califique como gravamen la tasa por servicios de control aduanero" impuesta por el Gobierno ecuatoriano.

Esto expone a que Ecuador sea sancionado por la CAN, ya que la aplicación de gravámenes o cualquier restricción al comercio se considera una violación a las normas comunitarias, que podría abrir la puerta a nuevos aranceles contra el país o limitaciones o suspensiones de los certificados de origen que emite la CAN para productos ecuatorianos.

Solo después de ese paso legal, el gobierno de Daniel Noboa respondió de la misma manera, con tres reclamos por supuestas "vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional". Aunque no dio detalles ni difundió los documentos oficiales.

Esto es algo que los ecuatorianos ya vivieron en el anterior impasse bilateral del Ejecutivo, con México. Después de que la policía asaltara la embajada mexicana en Quito, en abril de 2024, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, que estaba prófugo de la justicia y pedía asilo a ese país.

En esa ocasión la decisión gubernamental también llegó de manera sorpresiva y provocó un rompimiento de las relaciones diplomáticas. Desde ese entonces México cerró sus sedes en Ecuador y obligó al fin de las misiones diplomáticas ecuatorianas en su territorio.

La medida terminó afectando a los miles de migrantes ecuatorianos que avanzaban hacia Estados Unidos y se encontraban en México. Algunos porque estaban atravesando ese país a pie, porque habían sido expulsados por la frontera o porque estaban esperando a que se tramiten sus peticiones de refugio.

Las oficinas ecuatorianas dejaron de prestar sus servicios, Suiza acordó mediar el rompimiento de relaciones y proteger las sedes de ambos países y los migrantes ecuatorianos tuvieron que pasar a depender de la cooperación internacional y de las embajadas en Guatemala y Estados Unidos.

El gobierno ecuatoriano fue duramente criticado en la Organización de Estados Americanos y en las Naciones Unidas. 

A esto que se sumó la demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia, en la que ese estado solicitó que se declare que Ecuador ha violado persistentemente el derecho internacional, que repare todo el daño causado y que, incluso, sea suspendido como miembro de la ONU. 

Inmediatamente después llegó la reacción de Ecuador, que respondió con una contrademanda. Ahí el gobierno de Ecuador acusó a México de interferir en los asuntos internos al utilizar la Embajada en Quito como refugio de un fugitivo, de otorgar asilo contra las convenciones internacionales y de incumplir con sus compromisos en la lucha anticorrupción.

Casi dos años después, el Gobierno ecuatoriano no ha mostrado señales de restablecer las relaciones con México, mientras que ambas demandas ante la Corte Internacional de Justicia siguen esperando su fecha de inicio.

En la polémica con Colombia hay una diferencia clave, pues Ecuador y Colombia son vecinos, las relaciones comerciales tienen más vínculos y la afectación al sector productivo tendría un mayor impacto. Además, la Comunidad Andina no suele tardar tanto, puesto que la Secretaría tiene 75 días para emitir un dictamen administrativo y dar paso a la etapa judicial, que podría tomar unos 18 meses.