De frente a la consulta popular, la entrega de bonos del Gobierno se concentra en Guayas y Chimborazo

En medio de su intención de convocar a un referendo constitucional, el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel e, inmediatamente, planteó llamar a una nueva Asamblea Constituyente. Ambas contiendas electorales van de camino a las urnas, mientras el descontento social se enciende en varias provincias.

Pero el oficialismo confía en que tendrán el respaldo de la ciudadanía en las urnas, una vez más, especialmente después de su segunda victoria contra el correísmo, en las presidenciales de 2025. Mientras tanto, el Ejecutivo hace de menos las dispersas manifestaciones que tienen como epicentro Imbabura.

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En esa provincia de la Sierra Norte, con alrededor de 470.000 habitantes, los nuevos bonos ofrecidos por el Gobierno no han tenido un amplio alcance. Con el corte al 23 de septiembre, había menos de 2.500 beneficiarios, entre agricultores y transportistas. Algo similar sucede en Cotopaxi y Carchi.

Y en las dos primeras provincias coincide que el Mandatario tampoco tuvo una acogida mayoritaria en la última votación presidencial, de primera vuelta. Alrededor del 62% de electores prefirió a otros candidatos.

El mapa anterior muestra que el epicentro de los bonos estatales está en Guayas y en Chimborazo. Seguidas por Manabí, Bolívar, Los Ríos y Tungurahua. En todas ellas, a excepción de Manabí y Los Ríos, el Primer Mandatario tuvo una importante votación. Pero, en cualquier cálculo electoral, el bastión correísta manabita es clave.

Pero la entrega de recursos públicos a puertas de votaciones no es una novedad. El Ejecutivo ya utilizó una práctica similar hace menos de un año. En plena campaña, en el primer trimestre de 2025, el Gobierno reforzó y amplió el bono 'jóvenes en acción', que había sido lanzado dos meses antes, coincidentemente después de la inscripción de la candidatura a la reelección del mismo Noboa.

El Gobierno apuesta por contener el paro y llegar a las urnas

El mismo presidente Noboa dirige su discurso a la Conaie y afirma que el 98% de la población no está de acuerdo con un paro nacional. A la vez que, repitiendo los enunciados del expresidente Rafael Correa, los retó a que participen en una nueva elección con sus propuestas.

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Sin embargo, el Gobierno ha hecho todo lo posible para minimizar y entorpecer la movilización popular, especialmente en las zonas con alta población indígena, quienes suelen ser los protagonistas de las protestas populares.

No solo lanzó un costoso plan de compensaciones, para paliar el incremento del precio del diésel; sino que movilizó la Presidencia y Vicepresidencia de la República a Latacunga y Otavalo, respectivamente; militarizó los puntos álgidos y decretó un estado de excepción en ocho provincias.

Y, precisamente, esas compensaciones con forma de bonos directos en efectivo han provocado una masiva inscripción de ciudadanos, reflejando, una vez más, la crítica situación económica de muchos hogares ecuatorianos. Pero no todos califican para recibir lo publicitado.

Los incentivos estrella apuntan a dos grupos sociales con capacidad de paralización nacional: los transportistas de todas las modalidades y los agricultores, concentrados en las zonas rurales. Pero su ubicación en la cadena productiva los vuelve esenciales el día a día del resto de la ciudadanía.