¿Consulta popular: Solución a los problemas ciudadanos o vía para legitimar plan del Gobierno? Eso dicen los expertos

El presidente Daniel Noboa impulsa una nueva consulta popular y referendo, que aspira se concrete hasta diciembre de este mismo año. La propuesta es la suma de temas anunciados durante distintas coyunturas políticas, desde septiembre pasado.

Sin embargo, como es tradición de los gobiernos ecuatorianos, las preguntas tratan sobre cuestionamientos radicalmente distintos. Aunque, en palabras del Mandatario, son "temas que por años han sido de interés popular y de urgencia de cambio".

El objetivo, de acuerdo a las publicaciones en redes sociales del Jefe de Estado, es "enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo". Por eso, PRIMICIAS consultó con tres analistas sobre la utilidad de las preguntas, como fueron planteadas.

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En general, la respuesta es concreta: no son temas que ataquen los problemas diarios de los ciudadanos o que vayan a influir en su cotidianidad. Y, pese a que hay preguntas que sí apuntan a aspectos conflictivos del Estado, el mecanismo o camino ofrecido no garantiza mejoras estructurales y deja la puerta abierta a nuevas complicaciones.

En Ecuador, "las consultas populares son planteadas como la salida mágica a los problemas de la gente, y desde 1978 esto no ha pasado, solo han servido para legitimar la popularidad de los presidentes de un determinado momento", recuerda Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

"Muchas veces incluso lo que la ciudadanía aprueba en referendo y consulta, pasa a ser un saludo a la bandera", agrega Alarcón, como sucede con la consulta de agosto de 2023, en la que se aprobó el cierre definitivo de la explotación petrolera en el Yasuní ITT y lo que no ha sido cumplido por el gobierno del mismo Noboa.

Y otro de los problemas que identifica Alarcón es la comunicación de 'guerrilla' del Ejecutivo, que asocia todas las preguntas a la inseguridad y la crisis económica. Por eso pregunta: ¿cambia la vida de la gente pasar de 151 asambleístas a 70?, o ¿la eliminación del Consejo de Participación (CPCCS)? No, es una consulta populista, no una popular, advierte.

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Pero sostiene que el Gobierno dirá que con esas medidas cerrará el paso al narcotráfico y a los grupos de delincuencia organizada. Por lo que "es un juego de narrativas", advierte el director de la FCD.

¿Respuestas o nuevos problemas?

La analista política, Karen Sichel, analista política y exsubsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia, dice que el gobierno de Daniel Noboa ha planteado temas interesantes e importantes, como los que ya planteó Guillermo Lasso sobre la reducción de legisladores y la eliminación del Cpccs. Pero lamenta que su equipo jurídico no ha propuesto alternativas positivas para el país al respecto.

Por eso, la exfuncionaria pide que el Ejecutivo rehaga los anexos de las preguntas y haga un diagnóstico real de los problemas, por lo que están replicando los mismos problemas y solo se trata de un experimento más.

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Sichel pone como ejemplo la pregunta para eliminar al CPCCS y consulta ¿qué sistema tiene que reemplazarlo? Y explica que el Gobierno solo pasará el problema de manos del Consejo a la Asamblea Nacional, porque mantiene los concursos públicos y no establece un sistema de nominación legislativo, con responsabilidad política. 

"Eliminar el Consejo de Participación debería ser un golpe para el Socialismo del Siglo XXI en la región. Pero en lugar de hacer eso, el presidente Noboa lo que ha hecho es presentar una alternativa que se usa en Bolivia. Simplemente, estamos cambiando al modelo boliviano", explica la analista política.

Es populismo puro y duro, copiaron las preguntas más valiosas (del referendo de Guillermo Lasso), pero copiaron mal, porque no copiaron los anexos.

Karen Sichel, analista política

Lo mismo sucede con la reducción de legisladores, donde Sichel afirma que en la propuesta actual no hay argumentos sólidos, ni proporcionalidad; con las bases militares extranjeras no existen parámetros de cómo funcionará esa cooperación. 

O con el financiamiento de las organizaciones políticas, donde la exfuncionaria pública afirma que no se ataca el problema (multiplicación de partidos de alquiler o fantasmas) y solo se genera otro de desigualdad material, que mantendrá a los grupos que no tienen recursos económicos fuera del tablero electoral. "No hay un plan estructurado para el país, simplemente se trata de oportunismo político", advierte Sichel.

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Con esto concuerda el catedrático y analista político Santiago Basabe, que considera que se trata de preguntas para afianzar al Gobierno, que forman parte de un esquema mayor: no tener trabas en la Corte Constitucional, capturar espacios en las autoridades de control que están a cargo del Consejo de Participación, tener una mayoría más sólida en la Asamblea, retirar fondos a las organizaciones políticas, aunque lamenta que esto abriría espacio al financiamiento del narcotráfico.

Es todo un guion político orientado a capturar más espacios, la seguridad es sólo el discurso con el que se legitiman.

Basabe también considera que hay temas que se deben tratar, como la eliminación del Consejo, el retorno de los casinos o el trabajo por horas. Aunque explica que la letra chica de los anexos tiene problemas de fondo: la primera buscaría solo captar esos espacios de poder; la segunda abriría un nuevo nicho para el lavado de activos (por la incapacidad de control del Estado) y la tercera beneficia a muy poca gente.

Finalmente, el Director de FCD reconoce que hay dos temas que sí deben llegar a las urnas, porque ya han sido tramitados en la Asamblea Nacional, como reformas parciales a la Constitución. Se trata de las preguntas sobre las bases militares extranjeras y el financiamiento de las organizaciones políticas. 

Por lo que, "ya entrados en gastos", se podrían hacer otras preguntas, pero "que realmente valgan la pena para el Ecuador", dice Alarcón, no "simplemente para cumplir caprichos personales o legitimar la popularidad del gobierno".