Correísmo dice que fiscalizará que no se use dinero público en marcha de Daniel Noboa hacia Corte Constitucional

El movimiento Revolución Ciudadana aseguró que realizará "todas las acciones de fiscalización" para evitar que se usen recursos públicos en la marcha que encabezará el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional, después de que la Corte Constitucional suspendió provisionalmente varios artículos de leyes promovidas por él.

"Con un historial de uso de recursos públicos en beneficio del partido de Gobierno, desde la Bancada Ciudadana anunciamos que ejerceremos todas las acciones de fiscalización para impedir que se destinen los bienes de los ecuatorianos a alimentar egos personales", dijo el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa en un comunicado.

El correísmo señaló que la movilización popular, la toma de las calles y la defensa de la democracia y los derechos "siempre han nacido de las causas justas", pero que "ninguna de esas razones inspira la convocatoria hecha por el presidente Daniel Noboa".

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El mandatario anunció el pasado miércoles que encabezaría una protesta "pacífica" hacia la Corte, ya que no podían permitir que "nueve personas entronadas", en referencia a los jueces constitucionales, les "tiren abajo" las leyes que "pueden dar seguridad" a la ciudadanía, un mensaje que repitió en cada una de las apariciones públicas que hizo durante la semana.

Sus principales ministros, como el de Interior, John Reimberg; de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y la de Gobierno, Zaida Rovira, también han criticado a los jueces del tribunal constitucional, denominándolos incluso como "enemigos de la ciudadanía".

Dos días antes, la Corte Constitucional suspendió, de manera temporal, los efectos de varios artículos de las leyes de Inteligencia, de Solidaridad y de Integridad Pública, presentadas por Noboa a la Asamblea Nacional en calidad de urgente.

Estas leyes fueron rechazadas por organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y por sindicatos, quienes interpusieron decenas de demandas de inconstitucionalidad -algunas de ellas admitidas a trámite por la Corte- al considerar que las mismas vulneraban diversos derechos.