Centro de Inteligencia de Ecuador deberá emitir al Presidente alertas de riesgo sobre contrataciones públicas

El Centro Nacional de Inteligencia deberá emitir alertas y reportes de riesgo sobre personas que participen de forma directa o indirecta en procesos de contratación pública sujetos al régimen especial, según lo establece el Decreto Ejecutivo 328 del presidente Daniel Noboa. 

Esas alertas y reportes de riesgo deberán enviarse al Presidente de la República y serán sobre personas naturales o jurídicas que participen en dichos procesos, como oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas o beneficiarios finales, explica el decreto publicado el 12 de marzo de 2026.

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Esta disposición también se aplicará para los procesos de contratación pública cuya información haya sido clasificada como confidencial, reservada, secreta o secretísima, correspondientes a los ministerios y otras entidades de la Función Ejecutiva.

"Dichas alertas deberán sustentarse en análisis técnicos de riesgos para la seguridad integral del Estado, incluyendo posibles vínculos con estructuras criminales, redes de corrupción, financiamiento ilícito, injerencia extranjera o cualquier amenaza que comprometa la soberanía, la seguridad pública, la defensa nacional o el orden constitucional", detalla el decreto ejecutivo.

Los ministerios y otras entidades de la Función Ejecutiva que desarrollen procesos de contratación pública bajo el régimen de contratación especial deberán remitir al Centro Nacional de Inteligencia, previo a la ajducación, el listado completo de los participantes, incluyendo sus estructuras societarias, beneficiarios finales y cualquier otra información o documentación relevante para el análisis técnico de riesgos.

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Noboa también dispone al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que, a requerimiento del Centro Nacional de Inteligencia, proporcione "de manera permanente, oportuna y segura", y bajo reserva de la información, los datos de geolocalización y georreferenciación necesarios para la producción de inteligencia y la "prevención de amenazas a la seguridad integral del Estado".

Los ministerios y demás entidades de la Función Ejecutiva que mantengan procesos de contratación pública de régimen especial y que aún no hayan sido adjudicados, deberán remitir al Centro Nacional de Inteligencia la información detallada en este decreto.