Fallo judicial obliga a la Comisión de Fiscalización a suspender tramite de juicio político a Mónica Palencia

Los juicios políticos en la Asamblea Nacional están en suspenso. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, de Revolución Ciudadana, no convocará a más sesiones para tratar el proceso en curso a la ministra del Interior, Mónica Palencia.

¿Hasta cuándo? "Hasta que llegue el momento procesal pertinente", respondió Aguirre al juez Édgar Romero que, el 22 de agosto de 2024, aceptó una acción de protección y dispuso que se reactiven tres juicios políticos que fueron archivados por esa mesa legislativa.

El 2 de septiembre, el juez Romero dio a Aguirre un plazo no mayor a 24 horas, bajo prevenciones de ley, para que informe sobre el cumplimiento de la sentencia, que fue favorable a Inés Alarcón, asambleísta del Gobierno.

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Alarcón pidió que queden sin efecto los archivos de los juicios políticos al exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; al exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo. Todos, exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.

En su respuesta, Aguirre informa al juez Romero que para eso, el pleno de la Comisión de Fiscalización previa convocatoria y con la votación exigida por Ley, decidirá dejar sin efecto las resoluciones de archivo.

"Se continuará con el tratamiento de sustanciación de los juicios políticos, retrotrayéndose al momento exacto del término del tratamiento con informe aprobado por mayoría calificada, que recomendó el juicio político al exministro Juan Zapata", agrega la contestación de Aguirre.

Reacción de la Asamblea

Aunque el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, habló el 22 de agosto de desacatar la sentencia, este 3 de septiembre los legisladores fueron más cautos y aprobaron una resolución de rechazo a la decisión del juez, pero se omitió declararse en rebeldía.

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En su lugar, se apoyó al presidente del Legislativo, Henry Kronfle, para que pida a la Corte Constitucional que haga el seguimiento a una sentencia emitida por esa entidad sobre las acciones de protección y su efecto sobre temas políticos.

"Luego de dicho pronunciamiento, la Asamblea Nacional decidirá sobre la continuación o no de los juicios políticos pertinentes en el orden que corresponda", señala la resolución aprobada.