Incendio, Covid y falta de personal: La 'tormenta perfecta' para justificar la caducidad de glosas en la Contraloría

Una maraña de excusas, situaciones y explicaciones poco convincentes se han tejido en la Contraloría para intentar justificar la caducidad de centenas de glosas por un monto superior a los USD 4.000 millones.

Un examen especial ejecutado casa adentro para determinar responsabilidades y tiempos utilizados en el trámite de los expedientes caducados, entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de noviembre de 2023, expone varias irregularidades.

En enero de 2024, la Dirección Nacional de Responsabilidades reportó que, en ese periodo, se declaró la caducidad a más de 32.000 resoluciones, lo que dio fin a la facultad controladora de la entidad.

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Las demoras fueron detectadas, no en una, sino en varias instancias y departamentos de la Contraloría General del Estado, como:

• Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades.
• Dirección Nacional de Responsabilidades.
• Gestión de Responsabilidades Administrativas y Civiles
• Secretaría de Responsabilidades, encargada de notificar las resoluciones.

El contralor del Estado, Mauricio Torres, ya había advertido la serie de anomalías que había encontrado desde que asumió el cargo, en noviembre de 2023, a las que calificó como "barbaridades".

"Uno (de los casos) que nos preocupa bastante y es parte de un director de auditoría que aprobó un informe después de 180 días. Hay informes aprobados a los 800 o 900 días, eso es una barbaridad. Hay otros exámenes que caducaron por tenerlos guardados", reveló el funcionario a Ecuavisa.

Y, cada vez que los investigadores de Contraloría piden información sobre las glosas desvanecidas o caducadas, les responden que se quemaron en el incendio de octubre de 2019, durante las protestas indígenas.

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Esa fue precisamente la explicación que dio a los auditores de la Contraloría la persona que se desempeñó como director Nacional de Responsabilidades, entre el 1 de octubre de 2021 al de abril de 2023.

Ese director Nacional de Responsabilidades aseguró que en el incendio se perdieron miles de expedientes administrativos, equipos informáticos y mobiliarios y que pasaron meses antes de que pudieran disponer de un espacio físico y los equipos para empezar trabajar.

Pero, "cuando, la Dirección Nacional de Responsabilidades se encontraba en el levantamiento de la información e identificación de la afectación por el incendio de octubre de 2019, el Gobierno Nacional mediante decreto de 16 de marzo de 2020, decreta estado de excepción por la afectación de la PANDEMIA COVID 19", agregó en su excusa el exfuncionario.

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Por su parte, alguien que actuó como contralor subrogante (del 28 de junio al 5 de julio de 2021 y del 21 de julio de 2021 al 27 de noviembre de 2023) se justificó diciendo que gestionó la contratación de 80 técnicos para esas áreas encargadas de evitar la caducidad y que pudo conseguir apenas 50.

Sin embargo, "de lo señalado no se evidenció las acciones efectuadas durante los años 2021 y 2022, a fin de emitir las directrices para gestionar y solucionar el acervo de resoluciones pendientes de trámite y evitar su caducidad", dice el informe.

Fallos en el sistema de registro

Otra novedad que encontró el examen especial es que el Sistema Integrado de Responsabilidades (Sires) que es usado, especialmente, por la Dirección Nacional de Responsabilidades, no tiene manuales técnicos actuales.

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Y, peor aún, "en las tablas que almacenan datos de las resoluciones de responsabilidades administrativas y civiles se evidenciaron 702 saltos en las secuencias; es decir, un total de 597.530 resoluciones faltantes", dice el examen interno.

Pese a la gravedad del tema, el contralor Mauricio Torres ha adelantado que no se pueden reactivar y cobrar las glosas, porque están en estado de caducidad.

Por eso, la mayoría de recomendaciones del informe hace referencias a la futura organización, coordinación y controles que se pueden aplicar en la Contraloría General del Estado, para que no vuelvan a caducar las glosas.