Eliminación de ministerio genera incertidumbre en el sector cultural tras fusión con Educación

La decisión del Gobierno de Daniel Noboa de fusionar varios ministerios, entre ellos, el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el Ministerio de Educación ha generado preocupación y rechazo en el sector cultural ecuatoriano. 

Representantes de gremios, colectivos y exautoridades del ámbito artístico alertan que la medida fue tomada sin planificación técnica, sin diálogo previo y con vulneración a la institucionalidad.

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El viernes 25 de julio, un grupo de gestores y colectivos culturales se manifestó en los exteriores del Ministerio de Cultura, en Quito, para exigir que se revierta la decisión.

La protesta fue motivada por el anuncio hecho el jueves anterior por Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, como parte de una reestructuración más amplia del Ejecutivo, que implica también la fusión de otros ministerios y la salida de 5.000 funcionarios públicos.

Uno de los puntos que más inquietud ha causado en el sector es que Romina Muñoz, ministra de Cultura, conocía previamente sobre esta decisión. Desde su equipo de comunicación se informó a este Diario que no dará entrevistas “hasta que se tengan claros los lineamientos de la fusión”.

No obstante, Muñoz publicó el sábado un extenso comunicado en su cuenta personal de Facebook, en el que reconoció “a todos nos ha tomado de sorpresa esta decisión” y afirmó que “las competencias culturales no serán suprimidas”, aunque admitió que la estructura actual del sistema requiere transformaciones.

Preocupación por la institucionalidad

Fernando Cerón, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y actual candidato a la reelección, consideró que la fusión evidencia “poco interés del Gobierno por el campo cultural” y que responde a una visión “antitécnica y decimonónica” de lo que representa la cultura en la sociedad.

“El Ministerio de Cultura ya tenía enormes deudas con el país. Pero eliminarlo de forma improvisada y sin un debate sobre su rol agrava aún más la situación. Cultura no es lo mismo que educación, y requiere políticas específicas, articulación territorial y recursos claros”.

Fernando Cerón, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Para él, la medida no solo representa una degradación institucional, sino también una vulneración de derechos: “La Constitución garantiza los derechos culturales y suprimen, de facto, al ente rector que debe garantizarlos”.

"Lo que no está escrito, no existe"

Daniela Pabón, coordinadora nacional de la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria, fue enfática al señalar que se trata de un retroceso. “La eliminación del Ministerio de Cultura es un desatino, una medida que desconoce todo el trabajo técnico y político que se ha venido haciendo en los últimos años, incluso durante este mismo gobierno”, aseguró.

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Pabón dijo que durante los últimos meses se trabajó en políticas de fomento cultural a largo plazo, con asesoría internacional, sin que en ningún momento se haya planteado la eliminación de la cartera de Estado.

“Si no hay un ente rector especializado, no hay quien articule los esfuerzos. Los institutos pueden seguir entregando recursos, pero ¿quién va a coordinar, evaluar y liderar el sistema nacional de cultura?”

Daniela Pabón, coordinadora nacional de la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria.

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Además, señaló problemas prácticos que se generarán con esta decisión: fundaciones y asociaciones que ya habían migrado de Educación a Cultura deberán ahora volver a cambiar de adscripción; y compromisos internacionales como los programas Iberescena o Ibermúsicas quedan en el aire.

La ministra responde, pero persiste la incertidumbre

En su comunicado, la ministra Muñoz aseguró que “no se están suprimiendo las competencias culturales” y que existe un compromiso con mantener operativos a los institutos adscritos, como el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICA), el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC).

También puso sobre la mesa la necesidad de debatir sobre la eficacia del modelo actual y de construir una hoja de ruta responsable. Sin embargo, no se pronunció sobre la legalidad de la medida, ni sobre cómo se garantizará la rectoría cultural establecida en la Constitución y en la Ley de Cultura vigente.

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Mientras tanto, funcionarios del Ministerio de Cultura siguen sin información oficial clara sobre su futuro laboral y funcional. La vocera gubernamental dijo que cada institución elaborará su propio cronograma de desvinculaciones, en cumplimiento de las normas legales. En el ministerio directamente trabajan 203 funcionarios, pero tiene entidades adscritas y colectivos a los que apoya.

Por ahora, el anuncio ha dejado más preguntas que respuestas, y un consenso en el sector cultural: aseguran que el proceso fue improvisado y sin diálogo.