¿Qué dice la defensa del alcalde de Pujilí ante el caso por peculado y su detención en una cárcel para mujeres?

José Arroyo Cabrera lleva nueve días detenido. Las autoridades lo capturaron por el caso denominado Ornato Municipal. Inicialmente, fue recluido en la Casa de Confianza de Chillogallo y, posteriormente, traslado a la Cárcel de Mujeres de Ambato.

El caso ha tenido trascendencia, sobre todo, por el encarcelamiento de Arroyo en prisiones para mujeres, ya que en su cédula registra sexo femenino. Organizaciones LGBTI+ lo han criticado por supuestamente aprovechar la legislación que permite el cambio de sexo para evitar una cárcel de varones.

La cédula en la que Arroyo se registro como mujer fue expedida en octubre de 2024, cuando ya era investigado por corrupción. Sin embargo, David Meza, abogado del Alcalde, asegura que el cambio de sexo fue anterior a esa fecha.

PRIMICIAS solicitó a Meza el documento en el que se refleja que el cambio de sexo fue antes de 2024, pero Meza indicó que esa documentación fue solicitada al Registro Civil pero todavía no ha sido entregada oficialmente.

Pero, el abogado indica que la principal prueba de eso es que en mayo de 2023, cuando José Arroyo fue electo Alcalde, en la primera sesión del Concejo Municipal de Pujilí, Raúl Arroyo fue electo como vicealcalde.

En Ecuador, según Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), en los concejos regionales, municipales y metropolitanos, la segunda autoridad -en este caso el Vicealcalde- debe respetar la paridad de género. Es decir, si el Alcalde es hombre, la vicealcaldesa debe ser mujer y viceversa.

Es decir, según el abogado Meza, si Raúl Arroyo fue elegido vicealcalde en mayo de 2023, es porque para esa época José Arroyo ya había registrado su cambio de sexo. 

Sin embargo, bajo esa lógica en el mismo cantón Pujilí esa paridad no se respetó en 2025, cuando se cumplió la mitad del período y había que cambiar al Vicealcalde. En mayo de este año fue elegida Delfina Chusín. Esto luego de las diferencias políticas que tuvieron José Arroyo y Raúl Arroyo, ya que el segundo es parte de los denunciantes de la supuesta corrupción.  

El caso por peculado

Según la denuncia de Raúl Arroyo y otras dos concejalas, que ahora han sido recogidas por la Fiscalía en su teoría del caso Ornato Municipal, José Arroyo, en su campaña para ser Alcalde, sembró palmeras en Pujilí y aseguró que estas plantas fueron donadas por organizaciones LGBTI+ internacionales.

Sin embargo, ya en el cargo, su administración lanzó un proceso de contratación por USD 54.000 por esas mismas plantas. Y lo mismo ocurrió con otros procesos por USD más de 260.000, USD 13.000 y USD 20.000.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa del alcalde Arroyo dijo que la Fiscalía solo presentó copias simples de los contratos, cuando para iniciar un proceso por peculado se necesita el expediente administrativo íntegro.

Además, el abogado expuso que el delito de peculado es un tipo penal de resultados y, en el caso de Arroyo, no se ha establecido las trasferencias de fondo públicos y "Fiscalía no ha explicado en donde están los fondos que presuntamente se han dispuesto".

También, Meza explicó a PRIMICIAS  que hasta el momento no se ha hecho ninguna pericia sobre las contrataciones. Y que, incluso en una semana desde la formulación de cargos, el Ministerio Público no ha convocado a ninguna pericia o versión.

Finalmente, el abogado aseguró que Arroyo posee las actas de las donaciones de las plantas en cuestión. Sin embargo, al solicitarle esos documentos, Meza indicó todavía no las tiene en su poder, ya que está "recabando la información para aportar los descargos".

Huelga de hambre de la madre de Arroyo

La tarde del viernes 15 de agosto de 2025, Eugenia Cabrera, madre de José Arroyo, aseveró que su hijo es inocente e inició una huelga de hambre.

En una declaración ante seguidores tras una manifestación en favor de su hijo, Cabrera indicó que durante el allanamiento a la vivienda que compartía con el alcalde Arroyo, los agentes solo encontraron el teléfono de su hijo y un chip que data de hace varios años y no "muchísimos documentos" como señalaron las autoridades.

"Me declaro en huelga de hambre por la libertad de mi hijo", dijo la mujer en la puerta de la oficina del Gobernador de Cotopaxi, Nelson Sánchez Y aseguró que la medida durará hasta que le devuelvan a su hijo "sano y salvo".

Tras la manifestación y entrada la noche del viernes, crecieron las tensiones en los bajos de la Gobernación, entidad que emitió un comunicado en rechazó "los hechos de violencia" y aseveró que ese tipo de actos "atentan contra la paz ciudadana y buscan afectar la labor institucional".