Implantación de evidencias, espionaje y pactos con bandas; así habría sido la gestión de José Serrano en el Ministerio del Interior, según exagente

RPHR ingresó a la Policía Nacional el 2 de marzo de 2013. En ese momento, José Serrano Salgado llevaba casi dos años al frente del Ministerio del interior, en el Gobierno de Rafael Correa. Esa entidad está cargo del manejo político de la institución uniformada.

12 años después, RPHR fue dado de baja de la Policía, tiene una sentencia de 34 años de cárcel por asesinato y otro proceso abierto por delincuencia organizada. Desde la Cárcel 4 de Quito, esta persona ahora es  -además- testigo protegido en el caso por el magnicidio de Fernando Villavicencio.

En su versión, el exagente hizo varios señalamientos en contra de José Serrano, asegurando que fue parte de su equipo cercano en el Ministerio del Interior. Algunas de estas revelaciones coinciden con varios pasajes polémicos de la gestión del político ecuatoriano en esa entidad.

Según lo que le dijo a la Fiscalía, en 2016, Pablo L. y Jairo B., dos oficiales de la Policía Nacional, invitaron a RPHR a formar parte de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD). En coincidencia con el relato del exagente, Serrano estuvo en el Ministerio hasta 15 de noviembre de 2016.

En esa dependencia policial, relató el exagente, “fue formado y capacitado para ejecutar labores investigativas y de inteligencia, tales como, manejo de fuentes humanas, vigilancias, seguimientos, manejo de equipos electrónicos, ubicación de personas, rastreo de dispositivos GPS”.

Así habría participado en los operativos denominados Eslabón, una serie de intervenciones policiales y judiciales que se llevaron a cabo durante el período de Serrano para desarticular redes de delincuencia organizada, principalmente ligadas a corrupción, lavado de activos, narcotráfico, contrabando, trata de personas y delitos financieros.

Espionaje político

Su buen desempeño en los operativos Eslabón, según RPHR, habría provocado que el entonces ministro Serrano lo tome en cuenta "para ejecutar misiones clandestinas de inteligencia.". 

Esas misiones, relató el exagente, consistían en vigilar y seguir a operadores políticos, entre los que mencionó a Lourdes Tibán, actual prefecta de Cotopaxi y que en esa época era asambleísta; y a Fernando Balda, activista político. “Jonathan el que tiene la información tiene el poder”, le habría dicho Serrano.

Tras la revelación de esta versión, Tibán dijo que no le sorprendé y que conocía que era seguida en esa época. En diciembre de 2015, la entonces legisladora denunció que un grupo de personas ingresó a su casa y robó sus equipos tecnológicos.

Sin embargo, este robo a Tibán habría sido antes de la fecha que RPHR indica que empezó a hacer este tipo de misiones para Serrano. Lo mismo ocurre con Balda, quien fue objeto de un secuestro años antes del relato del exagente.

El caso de Balda sucedió en 2012. El activista fue secuestrado en Bogotá y por ese caso, fueron sentenciados Raúl Chicaiza y Diana Falcón, agentes de inteligencia policial; así como Pablo Romero, jefe de la Secretaría de Inteligencia del correísmo.

En julio de 2019, se filtró un audio en el que supuestamente se escucha conversar a Serrano con Chicaiza. El segundo le pide al primero: "apoyo económico para generar impunidad hacia él y hacia Diana Falcón".

'Implantación' de evidencias

Otra de las actividades que RPHR habría hecho por orden de Serrano tiene que ver con "implantar evidencias en allanamientos". Por ejemplo, el agente había implantado flash memory, celulares y hasta armas de fuego.

Esta declaración trae a memoria el caso de Diego Vallejo, un exmilitar que trabajó en la Secretaría de Transparencia y en el Ministerio de Justicia, junto al exministro y exasambleísta, José Serrano. Al igual que en las menciones a Tibán y Balda, las fechas no coinciden.

Vallejo fue detenido el 26 de junio de 2012 y en su mochila se hallaron dos armas de fuego y documentación con información de personalidades políticas ecuatorianas. Fue sentenciado por tenencia ilegal de armas y por asociación ilícita

En enero de 2022, en la Corte Nacional se tramitó un recurso de revisión a esa sentencia. Si bien ese recurso fue rechazado, en el proceso se conoció la declaración de Oswaldo Rivadeneira, otro agente de inteligencia de esa época.

En febrero de 2019, ante el cónsul ecuatoriano en Bogotá, el exagente confesó que fue parte de un complot -en el que habrían participado varias instituciones y funcionarios de la época- para encarcelar a Vallejo.

Rivadeneira dijo que en 2012 recibió una visita de otros agentes, asignados a la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República (UGSI). Los oficiales le dieron un teléfono, en el que, según su versión, recibió una llamada de Rommy Vallejo, quien entonces era asesor de la UGSI y luego lideró la Secretaría de Inteligencia (Senain).

En esa comunicación, Vallejo habría dicho a Rivadeneira que Diego Vallejo tenía información sensible sobre la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 y que debía seguir sus órdenes para evitar que eso saliera a la luz

Rivadeneira, junto a una agente encubierta, citó a Vallejo en un bar de Quito, el 28 de junio de 2012. Ahí le entregaron una mochila con documentos. Pero lo que Diego Vallejo no sabía, y Rivadeneira confesó, es que eso fue parte de un presunto plan para "hacerlo caer". La Policía habría tenido en su poder otra mochila idéntica, con otros documentos y dos armas camufladas en un doble fondo. Las mochilas se intercambiaron al momento de la detención de Vallejo.

¿Vínculos con el narcotráfico?

En otro pasaje de su declaración, RPHR dijo que en julio 2016, por orden de Serrano, habría entregado 116 cédulas de ciudadanía ecuatoriana a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla colombiana que ese año firmó un acuerdo de paz que no fue respetado por todos sus miembros.

Estos documentos de identidad, según la fuente, fueron entregados en el pequeño malecón de la parroquia Puerto El Carmen, en la provincia de Sucumbíos de Ecuador, que limita con el departamento del Putumayo, de Colombia.

Asimismo, RPHR dijo que había comprado armamento a este grupo guerrillero y que luego esas armas habían sido entregadas a Los Choneros, también por orden del entonces ministro Serrano.

Esa no es la única mención histórica de Serrano y supuestos vínculos con el narcotráfico. En 2019, el abogado Luigi García denunció en una entrevista con Plan V que era  "la única persona que puede decir que existen vínculos entre José Serrano y el narcotráfico".

García reveló que en mayo de 2017 conoció a Serrano a través de Abdalá, 'Dalo', Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Ahí, el exministro le habría dicho que conocía a Washington Prado Álava, alias 'Gerald', el primer narcotraficante ecuatoriano extraditado a Estados Unidos y quien trabajó de cerca con Los Choneros.

En esa reunión, en un hotel del norte de Quito, Serrano habría llamado a 'Gerald' y le habría indicado que García "era la persona idónea para que ejerza su defensa, de la esposa y otras personas". Entonces el abogado viajó a Colombia para reunirse directamente con el narco, que en ese momento estaba detenido en ese país y asumió la defensa por un período de tres meses.

En marzo de 2018, según García, Serrano lo llamó y le increpó, ya que supuestamente el abogado había hecho comentarios públicos sobre la reunión en la que le presentó a Prado. "No sabes con quién te metes. A mi no me amedrentan ni los narcotraficantes ni sus abogados ni sus secuaces", le habría dicho Serrano, a quien García denunció por esas amenazas.

Finalmente, RPHR dijo en su versión que en la UIAD "se conocía de la injerencia del señor Ministro (Serrano) en la entrega de las cárceles del Ecuador al grupo delictivo Los Choneros, gestión que se realizó en ese tiempo con la ministra de Justicia, la Dra. Ledy Z.".

Según el testigo, Serrano, por ejemplo, ordenó el traslado de Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña' -jefe histórico de Los Choneros-, a la Cárcel de Turi, usando helicópteros policiales. Se habría estado buscando que solo un grupo delictivo domine los prisiones para evitar enfrentamientos.

Serrano y el caso Villavicencio

En mayo de 2017, José Serrano se posesionó como asambleísta y fue designado presidente del Legislativo. Según el testigo, el político siguió manteniendo injerencia en la Policía Nacional y así logró que a él lo ubicaran como instructor en la Escuela Superior de Policía, hasta 2019 cuando fue trasladado a Cuenca, también por disposición de Serrano.

En esa ciudad, RPHR habría descubierto corrupción por parte de Mario C. y Fausto O., oficiales de la Policía Nacional de la época. Según el versionante, dueños de minas ilegales y plantas de tratamientos de oro entregaban dinero a estos uniformados para que los dejaran operar.

El exagente habría informado esto a Richard D., otro oficial, quien le habría informado que esas autoridades policiales estaban asignadas a esa provincia por orden directa de Serrano y que "era mejor mantenerme en silencio". Pero, él no lo hizo y, supuestamente, hizo operativos antiminería.

Hasta que en diciembre de 2019, una mujer que era su fuente en una investigación mató a un comerciante de Cuenca, por robarle USD 1.000. El exagente fue vinculado a ese caso y sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión.

Entonces, RPHR fue recluido en la Cárcel 4, donde conoció a Daniel Salcedo, quien le habría pedido inicialmente que gestionara seguimientos a Fernando Villavicencio, en 2022. Ese año, el testigo recuperó su libertad y retomó el contacto con Serrano, quien también le habría pedido esos seguimientos, que habrían sido la base para el asesinato del entonces candidato presidencial.

Además, Serrano le habría pedido más seguimientos al periodista Andersson B., a Soledad Padilla, exasesora del exvicepresidente Jorge Glas. Así como información sobre el propio Glas y Carlos Pareja Yannuzzelli, con quienes RHPR compartió cárcel.

Pero tiempo después del asesinato, en julio de 2024, RPHR volvió a ser detenido y vinculado a un caso de delincuencia organizada. Ha estado en las cárceles 4, Turi y Cotopaxi y ha denunciado varios intentos de asesinato.

Ahora, Serrano es parte de los procesados como autores intelectuales de Villavicencio. Además, está detenido en Miami, Estados Unidos, por problemas migratorios. El 16 de septiembre de 2025, en ese país se analizará un pedido de fianza a su favor.