Verónica Abad contraataca y pide a la Fiscalía que investigue supuestas presiones en el TCE

La vicepresidenta Verónica Abad, que este 23 de diciembre conocería la resolución juidicial sobre su suspensión del cargo, acudió al edificio de la Fiscalía General del Estado, la mañana del lunes. 

Abad, sobre quien pesa una suspensión de 150 días ordenada por el Ministerio de Trabajo, presentó un acto urgente para que la Fiscalía investigue supuestas presiones políticas a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). 

"Nuestra justicia está atentada con fuerza, por eso, hemos ingresado este acto urgente a la Fiscalía (...) porque el TCE tiene en este momento presión por todo lado y no hay justicia en esta entidad", dijo Abad, a la salida de la Fiscalía en Quito. 

De hecho, la propia Abad tiene pendiente cuatro demandas ante el TCE, y una de ellas se debería tramitar el próximo 27 de diciembre de 2024. Se trata de la  contrademanda por violencia política de género interpuesta en su contra por la exasesora presidencial Diana Jácome.

Pero, según aseguró Abad, el TCE no podría deliberar de forma independiente, porque estaría presionado, aunque no dijo por quién o qué actores. 

"Es un acto urgente y civil para frentar el hostigamiento a los jueces", añadió la Vicepresidenta, quien adelantó que presentará una cronología del presunto acoso político sobre ella en los últimos seis meses. 

Abad buscará este lunes en la Justicia revertir la sanción impuesta por la Cartera de Trabajo, y en la última audiencia le pidió a la juez a cargo que acepte su acción de protección "por respeto a la dignidad humana". 

Con base a esa sanción, Abad está impedida de asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral de 2025 en la que el mandatario Daniel Noboa buscará su reelección.

Ha afirmado que peleará para que nunca más se vuelva a utilizar a las mujeres para llenar cuotas políticas y "luego simplemente hacerle un lado cuando ya no sirve".