Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, continuará en prisión preventiva, por decisión de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en la reinstalación de la audiencia de apelación de medidas cautelares, este 15 de octubre de 2026. Este es el segundo intento del burgomaestre, la Corte ya negó la revisión de la prisión en septiembre de 2025.

 Además, los jueces dictaron la misma medida para otros dos procesados en el caso Blindado, que investiga el supuesto delito de lavado de activos.

A la diligencia judicial asistió el fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, quien sustentó los argumentos con los que el Tribunal acogió los pedidos de la institución acusadora para garantizar la presencia de los involucrados en el proceso legal.

Prisión preventiva para Vicko Villacís y seis procesados más

Durante la jornada, el juez ponente del tribunal acogió los argumentos presentados por la Fiscalía y decidió ratificar la prisión preventiva para siete de los procesados, medida que mantiene privado de la libertad al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.

• Quién es Vicko Villacís, el alcalde de Esmeraldas detenido por presunto lavado de activos

Con esta resolución, la Justicia desecha los recursos planteados por las defensas técnicas de los imputados, quienes buscaban defenderse en libertad o bajo medidas sustitutivas dentro de este caso de delincuencia económica y lavado de activos.

Los otros procesados con prisión preventiva son:

• Kléber Andrés S. T.
• Diego Geovanny M. T.
• Vicko Alfredo V. T.
• Luis Geovanny R. T.
• Carol Zuleyka L. H.
• Jonathan Geovanny M. B.
• Juan Alberto L. C. 

Juez revoca medidas cautelares a otros dos procesados

En la misma audiencia, el tribunal dio paso al recurso presentado por la Fiscalía y ordenó el encarcelamiento inmediato de dos investigados más dentro de la trama:

Revocatoria de medidas: El juez dispuso dejar sin efecto las medidas cautelares alternativas que beneficiaban a Simón M. e Iván S.

Nueva orden de prisión: El tribunal dictó prisión preventiva para ambos procesados, disponiendo su inmediata localización y custodia.

El Caso Blindado continúa en marcha en los tribunales mientras el Ministerio Público recaba los elementos de convicción sobre el presunto esquema de lavado de activos.

Caso Blindado

La investigación previa dentro del caso Blindado reveló la existencia de una presunta estructura criminal organizada para desviar de manera sistemática cerca de USD 9’000.000 del Estado. 

Los recursos públicos habrían terminado beneficiando al círculo cercano del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, empresas relacionadas, cuentas bancarias en el exterior y en la compra de bienes muebles e inmuebles.

La causa se abrió en noviembre de 2025 tras un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El origen del caso: el reporte financiero de la UAFE

Las alertas sobre la trama se encendieron cuando la UAFE detectó movimientos económicos atípicos y sin sustento contable en las cuentas de varios involucrados.

A partir del informe financiero del organismo, el Ministerio Público comenzó el rastreo de las transacciones, lo que permitió recabar elementos de convicción que darían cuenta del esquema delictivo implementado para el aprovechamiento indebido de caudales públicos.

Empresas relacionadas, cuentas en el exterior y compras inmobiliarias

Según los hallazgos de la Fiscalía, los USD 7’543.716 identificados dentro de la investigación previa no solo se manejaron en el sistema financiero local, sino que alimentaron una red patrimonial compleja:

Círculo cercano: Parte de los fondos terminó directamente en manos del entorno familiar y político del alcalde de Esmeraldas.

Entramado empresarial: El dinero ingresó a empresas e intermediarias vinculadas a la presunta estructura criminal.

Transferencias y bienes: Se registraron envíos de capital hacia cuentas bancarias en el extranjero y la adquisición de inmuebles y vehículos.

La Fiscalía continúa con la recopilación de peritajes financieros y documentación contable para precisar el alcance total del delito de lavado de activos y determinar la responsabilidad de cada uno de los procesados.