Caso Blindado: Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, seguirá en prisión preventiva por presunto lavado de activos
Siete procesados por lavado de activos en el caso Blindado pidieron la revisión de las medidas cautelares, pero la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, rechazó los pedidos.
Momento de la audiencia del caso Blindado, en la Corte Nacional de Justicia de Quito, el 24 de septiembre de 2026.
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Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, ratificó la orden de prisión preventiva para el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y seis personas más que son procesadas en el caso Blindado, una investigación por presunto lavado de activos que lleva adelante la Fiscalía General del Estado.
La audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por los siete procesados se reinstaló este jueves 24 de septiembre, para que la jueza informe sobre su decisión. La magistrada no encontró nuevos hechos que motiven la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares.
Además, Daniella Camacho dictó prisión preventiva para Carlos Vinicio A., quien también es procesado en el caso Blindado. Él debía presentarse de forma periódica ante la Fiscalía, pero incumplió la medida, por lo que la jueza dispuso su localización y captura mediante la Interpol.
El alcalde de Esmeraldas fue detenido el pasado 3 de junio de 2026 durante un operativo policial. La Fiscalía investiga una presunta estructura de lavado de activos que habría movido alrededor de USD 9 millones, provenientes de pagos vinculados con decisiones judiciales favorables en procesos contra empresas estatales.
El Ministerio Público investiga al menos seis procesos judiciales en los que empresas relacionadas con Villacís habrían obtenido decisiones favorables.
Según la Fiscalía, los ahora procesados habrían actuado de manera conjunta y coordinada con servidores públicos, familiares y particulares, mediante el uso de estructuras estatales y empresariales, compañías, un consorcio y empresas fachada.
En total, en el caso Blindado son procesadas 15 personas naturales y tres jurídicas (empresas). La causa lleva ese nombres porque el dinero se habría movilizado físicamente en vehículos blindados.
En esta diligencia, el alcalde Vicko Villacís defendió la legalidad de los movimientos económicos de sus empresas, que son parte de la investigación.
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