Con un recurso de súplica, alias 'Pipo' quiere frenar la extradición de España a Ecuador

Una vez que la Audiencia Nacional de España aprobó la extradición de Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos, a Ecuador, la defensa del cabecilla presentó un recurso de súplica, con el que busca frenar su rergeso al país, según informó el ministro del Interior, John Reimberg. 

"Hemos cumplido con cada uno de los documentos que nos han solicitado y por eso, extraoficialmente, conocemos que fue aceptado la extradición, sin embargo va a tomar un poco más de tiempo porque la defensa de alias Pipo presentó un nuevo documento de súplica, donde piden que se revise el proceso de extradición", detalló Reimberg al canal Teleamazonas este 18 de agosto de 2026.

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El ministro ecuatoriano añadió que este recurso es parte del proceso. "Espero que en el mes de septiembre, la Justicia española pueda revisar este documento y que podamos ya dar por terminado y que se gestione ya la coordinación para que alias 'Pipo' sea enviado al Ecuador", explicó. 

Reimberg reiteró que, si bien Pipo sería extraditado a Ecuador, el objetivo final es extraditarlo a Estados Unidos, que también lo reclamó, pero España le negó su entega.

Las autoridades estadounidenses reclaman a Chavarría por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para la introducción de cinco kilos de cocaína en California.

Alias 'Pipo' fue capturado en noviembre de 2025 en Málaga (sur de España), a donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador y al parecer se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

Wilmer Chavarría también fue interrogado por la Fiscalía de Ecuador dentro de la investigación del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, cometido en 2023.

Tras meses de su captura, la Audiencia Nacional de España aceptó las garantías carcelarias ofrecidas por Ecuador para que Chavarría sea recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde deberá cumplir el remanente de su pena original, es decir, cuatro años y 282 días, por un asalto que dejó muertos y heridos en 2010.

Sin embargo, la extradición todavía no es un hecho. Según las normas que rigen el proceso, resta por deliberar una apelación y que el Gobierno de España se pronuncie, como instancia definitiva.