Seguridad: A un mes de las elecciones, Daniel Noboa va delineando un plan marcado por la fuerza y medidas severas

El presidente candidato Daniel Noboa no ha logrado apalear la crisis de inseguridad. Las autoridades designadas y las medidas implementadas en el área no satisfacen las necesidades ciudadanas, en un país donde hay cada vez menos lugares donde refugiarse de la violencia del crimen organizado.

Después del enero más letal de la historia, los eventos violentos se dispararon: la masacre de 22 personas en Socio Vivienda (Guayaquil), cinco muertos en la Penitenciaría del Litoral y la explosión de un coche bomba fuera de ese mismo centro carcelario.

Y, justamente, después de la primera vuelta presidencial y la consecuente salida de Mónica Palencia del Ministerio del Interior, la propaganda sobre el polémico y secreto Plan Fénix también desapareció de las redes sociales del Gobierno, su principal amplificador.

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Incluso, los tiktoks de Noboa ya no tienen imágenes de 'guerra', con las fuerzas del orden armadas completamente y vehículos blindados, helicópteros o tanques. La propaganda bélica quedó relegada en su mayoría a las cuentas de las instituciones de seguridad, que ahora también hablan de gestión social.

En su cuenta personal, el Mandatario cambió el chaleco antibalas y los cascos por las botas de caucho y los videos de operativos por videos de recorridos por las zonas inundadas del país, entrega de servicios y bienes e imágenes familiares.

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Es decir, la estrategia del Gobierno frente a la crisis de inseguridad cambió. En medio de la precampaña, el ministro del Interior, John Reimberg, apuntala la teoría de que existe un modelo de desestabilización implementado “por los grupos delictivos y un grupo político”, previo a las votaciones del 13 de abril.

En una entrevista difundida por la entidad, Reimberg añade que “estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer, por fortalecer a nuestro país” y sostiene que los grupos delictivos ahora tienen temor y que las espirales de violencia son reacciones a las decisiones del Gobierno.

Pero, ¿qué ofrece hacer el Gobierno?

Las aspiraciones del presidente candidato Daniel Noboa se han ido reflejando poco a poco. La apuesta inicial fue por la militarización, la fuerza, las balas y los tanques. Sin embargo, con el marco legal vigente, era poco lo que el Gobierno podía hacer para recrudecer la respuesta al crimen organizado.

Los reiterativos estados de excepción, la declaración de un conflicto armado interno, el referendo que permitió el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía, el anuncio de construir megacárceles y la intención de modificar otra vez la Constitución para permitir las bases militares extranjeras en Ecuador fueron trazando el camino del Ejecutivo en 2024.

Ahora las nuevas promesas del presidente candidato Noboa han ido saliendo a la luz en medio de la contienda por Carondelet. Esos anuncios, que siempre llegan sin detalles, dejan entrever que el Gobierno también apunta a incrementar la fuerza y severidad de su respuesta frente a la violencia e inseguridad. 

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Por ejemplo, el 19 de febrero, el Primer Mandatario lanzó su idea de traer fuerzas especiales extranjeras para apoyar la guerra interna que lidera su gobierno. Y la semana siguiente, el 25 de febrero, ofreció instalar dos bases militares provisionales en El Oro, una en el cantón Pasaje y otra en la parroquia Puerto Bolívar, de Machala.

Pero, ¿qué son estas estas “fuerzas especiales”? La canciller Gabriela Sommerfeld, encargada de buscarlas, se limitó a describirlas como “grupos especiales con capacidades especiales, incluso tácticas, con equipamiento tecnológico”. Pero advirtió que la lista de los países aliados no puede revelarse por seguridad.

Después llegó el anuncio de los indultos. El 7 de marzo, el presidente candidato afirmó que “todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, cuentan desde ya con indulto presidencial”. Se refería al lugar de la masacre del día anterior en Socio Vivienda.

Pero sin aclarar que los indultos se otorgan solamente a aquellos que han cometido delitos, que ya fueron procesados, recibieron una sentencia condenatoria de última instancia y están cumpliéndola en un centro de privación de libertad. Es decir, no aplica para el uso legítimo de la fuerza.

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Días después, Noboa afirmó que “empieza la ayuda internacional en Ecuador”, junto a una fotografía con el polémico exmilitar estadounidense Erik Prince, que lidera equipos de mercenarios privados.

Y el ministro Reimberg, que participó de la cita, se limitó a decir que la reunión fue para la contratación de una consultoría especializada para fortalecer la capacidad operativa, estratégica y táctica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

A estos se suman la búsqueda de empresas de lobby que consigan acercamientos con Estados Unidos, para que el mismo Jefe de Estado pueda pedir ayuda personalmente a Donald Trump, así como para reactivar la cooperación de seguridad y conseguir programas de financiamiento militar de parte de Washington.

Es así que, poco a poco, el Primer Mandatario va dejando pistas de hacia dónde apuntan las intenciones de su gobierno en materia de seguridad: militarización, refuerzos extranjeros (en tropas y recursos) y el uso de toda la fuerza que puedan desplegar tengan los uniformados ecuatorianos.