Se acabó una “tregua temporal” en la Penitenciaría del Litoral, dice el SNAI
El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) confirmó que una nueva empresa provee tres comidas diarias a USD 2,50 por recluso, USD 918.000 al mes solo en Guayaquil.
Vista aérea de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, en el complejo carcelario de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil.
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AFP
Autor:
Redacción Primicias
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El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) califica la más reciente masacre en la Penitenciaría del Litoral como un “hecho puntual y aislado”. Y la atribuye a una disputa entre bandas rivales del pabellón 3, quienes “terminaron con una tregua temporal”.
Sin explicar los motivos de la ruptura de este pacto de no agresión -que dejó 17 presos asesinados la madrugada del 12 de noviembre-, el SNAI niega que se estén produciendo extorsiones por alimentos en la Penitenciaría.
La entidad respondió con esta tesis a una consulta de PRIMICIAS sobre las versiones de familiares y de fuentes policiales que le atribuyeron la matanza a una lucha por el control del pabellón para aplicar extorsiones por alimentos, así como para monopolizar la venta de drogas y el uso de teléfonos móviles.
La Fiscalía responsabilizó a reclusos de las alas 1 y 4 del pabellón 3 (y procesó a nueve sospechosos), presuntos miembros del grupo de delincuencia organizada Los Duendes, como los causantes del ataque que dejó además dos cuerpos desmembrados en el ala 3 del pabellón.
“El SNAI no permite ni extorsiones, ni venta de alimentos al interior de los centros penitenciarios”, respondió la entidad vía correo electrónico.
Los reclusos reparten alimentos a sus pares
No obstante, el Servicio de Atención a Privados de Libertad reconoce que son los propios reclusos los que ayudan a repartir la comida a los otros presos.
Los alimentos son preparados en cocinas centralizadas (en el complejo) y distribuidas a los cinco centros penitenciarios del kilómetro 16,5 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil, bajo la supervisión de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, asegura el SNAI.
La comida llega en "envases herméticos" a los pabellones. Cada privado de libertad tiene su vajilla donde se coloca la porción y el gramaje establecido por el Ministerio de Salud Pública, según la versión del procedimiento estándar que describe el SNAI.
Los presos pasan en línea con sus bandejas y se reparte la comida con ayuda de otros privados de libertad, en un proceso que debe idealmente estar supervisado por la Fuerza Pública.
Pero, según familiares, el hecho de que los detenidos distribuyan finalmente raciones que describen como escasas para más de medio centenar de personas por pabellón, y de que los internos se turnen esa repartición, abre la puerta a prácticas extorsivas con la comida. "Cobran USD 20 por plato", acusan.
Al escenario se suman los servicios de un cuestionado economato, contratado de forma directa para la venta de refrigerios, previo a la consignación de dinero de las familias que, según las denuncias, entrega alimentos caducados, en mal estado o se queda con saldos de los presos.
Los presos también denuncian la reventa de los artículos del economato a precios exorbitantes (USD 13 por una galleta y una funda de frituras, por ejemplo) , otro “negocio de los cabecillas de los pabellones”.
No obstante, el SNAI aduce que realiza “un esfuerzo permanente de control” y “visitas técnicas periódicas”, en lo que respecta a fechas de caducidad y a las condiciones de salubridad.
Un servicio de alimentación insatisfactorio y el hacinamiento de la población penitenciaria, además de las guerras entre bandas, son los tres factores claves que impactan en la convivencia pacífica de los internos, de acuerdo a informes de la Comisión Penitenciaria.
Contrato de alimentación millonario
Los niveles de hacinamiento se han agravado este año en cárceles como la Penitenciaría del Litoral, con capacidad para 3.909 internos, pero donde guardan prisión una media de 5.612 presos. Es decir, el hacinamiento es del 44%.
Mientras, la crisis de provisión de alimentos persiste desde el 1 de junio, cuando la empresa proveedora (Lafattoria) suspendió el servicio por falta de pago, tras una denuncia del Gobierno de presuntas actividades opacas que no han sido demostradas. Lafattoria aún reclama el pago de USD 30 millones.
El SNAI le confirmó a PRIMICIAS que una nueva empresa ha asumido la provisión de alimentos, aunque sin referirse al modelo de contratación, pues en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no consta ningún proceso lanzado por la entidad con ese fin.
La proveedora está suministrando tres comidas diarias a cada privado de libertad por un costo de USD 2,50. Este precio se mantiene desde 2011 sin variaciones, destaca la entidad. Se trata del Consorcio Alimentando Ecuador Conalec.
Este servicio representa un gasto mensual de cerca de USD 918.000 para el Estado solo en el complejo de cinco cárceles en el norte de Guayaquil, con una población penitenciaria de 12.237 de media anual, hasta septiembre de 2024. Y la Penitenciaría representa el 45% de la población del conjunto.
Conalec, una firma de capital extranjero, tiene como accionistas y beneficiarios finales a las empresas Conalipa, de Panamá (80%); y Huerta del Oriente, de Colombia (20%). Esta última fue sancionada en 2020 en Colombia por un acuerdo ilegal para repartirse adjudicaciones de raciones militares.
Mientras, los servicios de Conalipa motivaron en 2018 una huelga de hambre de los internos en el centro penitenciario La Joyita, de Panamá. Y a la proveedora la cuestionaron en otra cárcel panameña ese mismo año, por la mala calidad del arroz que se les proporcionaba a los reos.
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