SRI recupera más de USD 9 millones de dos empresas, tras sentencia de la Corte Constitucional
Jueces de Ecuador habían desvanecido las obligaciones tributarias que debían pagar dos empresas por perjuicios económicos al Estado. El SRI anuncia el seguimiento a "negociado" de fallos judiciales.
Imagen referencia. Dos empresas deberán pagar al Estado ecuatoriano más de USD 9 millones por obligaciones tributarias.
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Redacción Primicias
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El Estado ecuatoriano recuperará USD 9,3 millones que deberán pagar dos empresas como obligaciones tributarias y que fueron desvanecidas a través de sentencia de jueces.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este 30 de junio de 2025 que hace siete meses denunció un perjuicio a la Administración Tributaria atribuido a la actuación ilícita de ciertos jueces, que dieron paso a acciones de protección para desvanecer obligaciones tributarias que ya contaban con sentencias firmes y ejecutoriadas.
Las acciones de protección fueron entregadas "en una clara complicidad entre abogados, contribuyentes y operadores de la justicia", detalla el SRI en un comunicado. La Corte determinó que estas decisiones judiciales fueron "emitidas con evidente abuso del derecho".
Sanciones a empresas
El SRI informó que una de las empresas favorecidas con la acción de protección fue 'Koval Management Kovmanag S.A.' (Kovmanag), donde los partícipes deberán devolver al fisco USD 6,8 millones, valor del que se beneficiaron indebidamente.
La Corte determinó que los jueces vulneraron el derecho a la seguridad jurídica al aceptar una acción de protección con pretensiones claramente improcedentes.
La otra empresa es la Constructora Carlo Poggi Barbieri S.A., que deberá devolver USD 2,5 millones.
Aquí también la Corte concluyó que los jueces provinciales desconocieron una decisión judicial anterior que ya había resuelto el mismo conflicto y que los magistrados actuaron con dolo y dispuso remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que se investigue si existió alguna infracción penal.
El SRI advirtió que seguirá aplicando todas las medidas necesarias para proteger los recursos públicos que pertenecen a los ecuatorianos, frente a intentos injustificados de obtener reparaciones indebidas mediante el “negociado” de fallos judiciales.
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