Concesiones petroleras y de minería, las apuestas del Gobierno para captar ingresos por USD 6.381 millones en 2027
La Proforma 2027 prevé captar USD 7.821 millones por concesiones, monetización de activos y utilidades de empresas públicas. De ese monto, USD 6.381 millones provendrían de proyectos petroleros y mineros.

Vista de una válvula industrial en un campo petrolero de Ecuador.
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Cortesía Petroecuador
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El Gobierno de Ecuador prevé ingresos por USD 7.821,7 millones en 2027 por concesiones, monetización (venta) de activos, utilidades de las instituciones públicas y otros, según la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2027. El monto equivale al 16% del presupuesto total, que asciende a USD 50.213,09 millones.
El monto consta en el rubro conocido como Ingresos y Transferencias no tributarias, dentro del cual los proyectos de concesiones o monetizaciones del sector petrolero tienen el mayor peso.
El Gobierno prevé obtener USD 6.381 millones por la monetización de activos y proyectos petroleros y mineros, lo que representa el 81,6% del total estimado en este rubro.
Proyectos petroleros concentran los ingresos previstos
Esta proyección de USD 6.381 millones contempla un portafolio referencial de proyectos hidrocarburíferos, que incluye bloques offshore (mar adentro), proyectos de crudos extrapesados, bloques del suroriente del país y una Ronda de Optimización y Exploración.
En conjunto, estas oportunidades de inversión representan un portafolio estimado de USD 20.471 millones, según la Proforma.
En este grupo podría estar finalmente el campo petrolero Sacha, que hoy es operado por la estatal Petroecuador. En 2025, el Gobierno de Daniel Noboa ya intentó concesionar al sector privado este, que es el campo más productivo del país, pero al final el proceso no prosperó.
Y nuevamente, el Gobierno tendría al campo de nuevo en sus planes de búsqueda de inversión privada. El 2 de noviembre de 2026 se suscribió un acuerdo marco estratégico con el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos y la estatal petrolera Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).
La alianza contempla un esquema para la venta directa de crudo ecuatoriano a mercados de Asia, Europa y África sin intermediarios. En paralelo, las partes negocian la optimización operativa y el incremento de la producción en Sacha.
El Gobierno también prevé obtener USD 152,95 millones por los procesos de negociación de los campos PBH, Inchi y Pambil (todos en el provincia de Orellana), así como USD 45 millones por regalías sujetas al cumplimiento de determinados hitos.
A estos rubros se suman USD 41,79 millones por la monetización de tres proyectos de la Empresa Nacional Minera (Enami).
El desafío de concretar los proyectos petroleros
Sin embargo, la posibilidad de concretar estas operaciones genera dudas sobre cuánto de ese dinero llegará efectivamente a las cuentas del Estado. Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que en el pasado, una parte importante de esos ingresos no ha llegado a concretarse.
El economista explica que la Proforma es una planificación de los ingresos y gastos que espera tener el Estado, pero eso no significa que todo se cumpla. A su juicio, el Gobierno incluye estos recursos para cuadrar las cuentas del presupuesto y respaldar los gastos que debe cubrir por mandato constitucional.
Entre esas obligaciones está el aumento progresivo del presupuesto para educación inicial, básica y bachillerato, así como para salud. La Constitución establece que estos recursos deben incrementarse cada año en al menos 0,5 puntos porcentuales del PIB, hasta alcanzar el equivalente al 6% del PIB.
La inclusión de ingresos por operaciones que no se concretan no es nueva. Cada año, los gobiernos de turno han incluido en sus proyecciones recursos por posibles operaciones, como la monetización del campo petrolero Sacha, la venta de activos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la monetización del Banco del Pacífico. Sin embargo, estas operaciones no han llegado a concretarse, señala Salvador.
La falta de ingresos puede afectar la ejecución del gasto
Salvador advierte que el riesgo no está solo en que esos ingresos no se concreten, sino también en los gastos que el Gobierno prevé financiar con esos recursos durante 2027.
Si esos recursos no llegan a las cuentas del Estado, el Gobierno tendrá que reducir o aplazar gastos, o buscar más endeudamiento.
Esto puede afectar, sobre todo, las inversiones y la compra de equipamiento para las instituciones públicas, agrupadas en el rubro Bienes de Larga Duración, por USD 7.003,45 millones, señaló Salvador.
Por eso, advierte que si no se concretan los ingresos previstos por concesiones, monetizaciones y venta de activos, estas inversiones podrían no ejecutarse.
¿De dónde provendrán los otros ingresos?
Los USD 1.440,67 millones restantes del rubro Ingreso y Transferencias no tributarios provendrían de diferentes fuentes. El rubro más importante corresponde a las utilidades de empresas y entidades financieras públicas, con una estimación de USD 704,4 millones.
De ese total, USD 350 millones corresponderían al Banco Central del Ecuador y USD 354,4 millones a otras instituciones financieras públicas. Por ejemplo, podrían venir de la Corporación Financiera Nacional (CFN), única accionista de Banco del Pacífico.
Además, el Estado prevé recibir USD 188,4 millones por excedentes de empresas públicas que no se destinen a inversión o reinversión.
Salvador considera que las utilidades de las entidades financieras públicas y los excedentes de las empresas públicas son recursos que el Estado sí tiene mayores posibilidades de concretarse, pues provienen de entidades que ya están en funcionamiento y no dependen de negociaciones pendientes.
La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la Proforma Presupuestaria 2027, remitida por el Ejecutivo el 30 de octubre de 2026. Sin embargo, el Pleno prevé debatirla y resolverla el viernes 6 de noviembre, luego de que la Comisión de Desarrollo Económico recomendara su aprobación con ocho votos a favor.
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