Con una amplia mayoría en el Congreso de Estados Unidos, los demócratas intentarán frenar la ambiciosa agenda de seguridad de Washington en América Latina y el Caribe, que el mandatario Donald Trump rebautizó como Doctrina Donroe.

Y para ello podrían contar incluso con la ayuda de representantes republicanos, para algunos asuntos que han sido cuestionado dentro de sus filas, como el control de los ambiciosos planes petroleros en Venezuela o la política migratoria.

Meses después de volver a la Casa Blanca, el gobierno de Trump resumió sus objetivos en la región en una nueva doctrina de seguridad nacional: lucha sin cuartel contra el crimen organizado, contra la inmigración irregular y contra la presencia de "países ajenos" a la región, un eufemismo para referirse básicamente a China.

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Era el renacimiento de la Doctrina Monroe de injerencia "benigna" del siglo XIX, cuando Washington decidió plantar cara a las potencias europeas que intervenían como querían en países que acababan de nacer. Bajo ese mismo lineamiento, Estados Unidos intervino además en casi todos los países del continente, en las últimas décadas del siglo XX, respaldando directa e indirectamente cambios ilegítimos de gobiernos.

Ahora, en pleno siglo XXI, Trump se apropió del nombre y lo ajustó como Doctrina Donroe. Sin embargo, para mantenerla necesita tener partidas presupuestarias y funcionarios nombrados para que la ejecuten. Y eso en buena parte requiere la aprobación explícita del Congreso.

Y, con la ola azul que arrasó en las elecciones de medio término, los republicanos perdieron el control de ambos pisos del Congreso. Durante los dos últimos años de mandato de Trump, los demócratas dominarán la Cámara de Representantes y el Senado. 

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Esto les da el poder para citar e investigar a funcionarios y supervisar, aprobar o negar presupuestos del Ejecutivo, lo que podría poner fin a varias estrategias y planes de política exterior regional, cobijados bajo esa la Doctrina Donroe, que se había convertido demás en una advertencia para los gobiernos de América Latina.

Y en la lista de 'beneficiarios' de la agresiva política de seguridad de la Casa Blanca ha estado Ecuador, que se ha convertido poco a poco en el epicentro de las actividades militares de Washington contra el crimen organizado.

La presencia militar estadunidense en Ecuador se ha incrementado con los meses, a la vez que la cooperación logística, técnica, de inteligencia, vehículos y armamento. Por ejemplo, en su última visita a Quito, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que su gobierno pediría al Congreso un nuevo desembolso, esta vez de USD 55 millones, para apoyar los esfuerzos de Ecuador en la materia.  

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De todas formas, el gobierno ecuatoriano es optimista. El canciller Roberto Kury cree que la cooperación en seguridad emprendida por el presidente Donald Trump va a continuar pese al vuelco político en Washington. 

Aunque aceptó que "estos cambios sí generan incertidumbres" por no saber "qué es lo que va a pasar". Y agregó que "si se considera, por algún motivo, que hay que hacer algunos ajustes, algunos cambios, de forma positiva, proactiva, pues se conversará y se hará, pero nosotros pensamos que la política exterior va a continuar en esta cooperación".

Kury afirmó que Ecuador no teme que el nuevo Congreso inicie investigaciones sobre las operaciones militares estadounidenses en el país, especialmente sobre los bombardeos de embarcaciones pesqueras, que no terminaron en convicciones por falta de pruebas.

¿Qué dicen los demócratas sobre Ecuador?

Este mismo 6 de noviembre, tres días después de la victoria demócrata, tres congresistas del partido insistieron en que Estados Unidos suspenda la asistencia militar a Ecuador, tras la detención de Luisa González, excandidata presidencial del correísmo. El argumento es el creciente autoritarismo por parte del presidente Daniel Noboa, el rápido deterioro de la democracia y los derechos humanos.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, que ha visitado Carondelet ya en dos ocasiones, para promover una agenda en seguridad, 13 legisladores afirman que "Ecuador ha sido testigo de la represión contra actores opositores de todo el espectro político, ataques a la independencia judicial y restricciones a la libertad de prensa".

Los legisladores también mencionan los constantes estados de excepción y abusos "como torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y abusos sexuales en prisiones para mujeres".

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Y, aunque la nueva conformación de las dos cámaras del Congreso se concretará en enero, los demócratas ya advierten que "si la administración Trump no toma medidas para disuadir las acciones autoritarias del gobierno de Noboa, el Congreso empleará los mecanismos a su alcance para forzar un cambio en la política de Estados Unidos".

Pero esta no es la primera vez que sucede. El 22 de septiembre, una quincena de demócratas, junto con legisladores de 13 países de la región, se unieron para exigir el cese inmediato de los ataques del gobierno de Estados Unidos contra embarcaciones y para que haya justicia para las víctimas, entre ellas las de Ecuador.

Y, previamente, el 13 de mayo, un grupo de congresistas demócratas envió una carta al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, en la que ya pidieron la suspensión inmediata de operaciones militares conjuntas en Ecuador, mientras se realizan investigaciones por los reportes de violaciones de derechos humanos, a raíz de un bombardeo conjunto en Sumbíos, cerca de la frontera con Colombia.

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Esto debido a que un reportaje del diario The New York Times relató que el supuesto sitio de operaciones del grupo criminal Comandos de la Frontera era en realidad en una finca lechera. Y los congresistas solicitaron la identificación de todas las unidades militares ecuatorianas involucradas y la documentación que demuestre que fueron investigadas por Estados Unidos.

La base para estas peticiones es la Ley Leahy, que prohíbe al Gobierno estadounidense prestar asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas de forma creíble en violaciones de los derechos humanos, sin que se tomen medidas efectivas para llevar a los responsables ante la justicia.

Es así que la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado podría obstaculizar las demandas del financiamiento del Pentágono, que varios países de América Latina han intentado incrementar a su favor. E, incluso, podría abrir investigaciones en las operaciones ya realizadas en territorio nacional.