El decreto ley plantea que los camaroneros puedan titularizar las tierras concesionadas para obtener créditos. Los cangrejeros temen devastación de manglares y que se impida su actividad.
El decreto ley de Gestión de Riesgos y Desastres, firmado por el presidente Guillermo Lasso el 5 de septiembre de 2023, abre paso a la titularización de tierras concesionadas al sector camaronero, en zonas de playa y bahía.
Con la medida se busca mitigar los efectos del fenómeno de El Niño para el sector camaronero, en especial a pequeños y medianos, que al ser propietarios de tierras podrían ser sujetos de créditos y, con ello, enfrentar las posibles pérdidas.
De hecho, la actividad del sector camaronero decrecerá en 6,4% en 2024, por efectos de El Niño, según proyecta el Banco Central.
Para la entrega de escrituras se requerirá de reformas a la Ley para Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, al Código de Comercio, el Código Civil y la Ley de Registros.
No es la primera vez que el Gobierno propone la adjudicación de tierras en favor del sector camaronero. También lo planteó con el proyecto de Ley de Inversiones, archivado por la Asamblea Nacional en marzo de 2022.
¿Cuál es la propuesta?
Al momento, hay 63.141 hectáreas concesionadas al sector camaronero en zonas de playa y bahía, de un total de 225.709 hectáreas productivas dedicadas a esta actividad, según la Federación Ecuatoriana de Acuicultores (Fedac).
Según la normativa ecuatoriana, las zonas de playa y bahía son de uso público, por eso, son concesionadas.
El resto de hectáreas están en zonas altas, por lo tanto, no son del Estado, sino que son propiedad privada.
El presidente Fedac, Oswin Crespo, explica que la titularización de las áreas en zonas de playa y bahía les permitiría acceder a créditos para desarrollar su producción y enfrentar los efectos de El Niño, pues, como sucede actualmente, al ser concesionarios no son sujetos de crédito.
Algo que se prevé imprescindible, tomando en cuenta que, según las estimaciones de los daños causados por anteriores fenómenos de El Niño, "48% de la superficie camaronera del país sufrirá estragos, unas 100.000 hectáreas", añade Crespo.
Cangrejeros se oponen a titularización
El decreto ley plantea que las camaroneras que titularicen las concesiones tienen que permitir el "acceso y libre circulación para actividades de pesca artesanal en las orillas de manglares y caudales de agua, ríos y esteros", lo que se conoce como "servidumbre de paso".
Pero Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec), considera que, de aprobarse el decreto ley, los camaroneros no les permitirán el paso para la pesca de cangrejos.
Ya actualmente "hemos tenido problemas para ingresar a las zonas cercanas a las camaroneras", asegura Cruz.
Pero los camaroneros justifican esas acciones al señalar que "hay personas que se hacen pasar por cangrejeros para robar a las camaroneras fingiendo que van a pescar. Siempre que están carnetizados les damos paso", dice Oswin Crespo, presidente de la Fedac.
Además, aunque el decreto especifica que las zonas con cobertura de manglar no pueden ser adjudicadas, el sector cangrejero teme que la titularización traiga como consecuencia la devastación de manglares para el desarrollo de nuevas camaroneras.
Sin embargo, el decreto ley señala que "no son susceptibles de la adjudicación mencionada las zonas con cobertura de manglar, los canales de esteros u otros cuerpos de aguas interiores que son propiedad del Estado y por ende de uso público".
Por eso, los cangrejeros entregaron la mañana del 19 de septiembre un amicus curiae a la Corte Constitucional en contra del decreto ley.
El martes 26 de septiembre de 2023 se realizará la audiencia pública en la Corte Constitucional para evaluar la constitucionalidad del decreto ley.
¿Cómo sería el trámite?
Para la titularización de la tierra, deberán hacer un pago, que se calculará en función de los parámetros legales que se establezcan para el avalúo de la infraestructura camaronera y los requisitos que establezca el ente rector de Acuicultura y Pesca.
Para quienes no titularicen sus actuales concesiones, el decreto ley plantea que la infraestructura camaronera sea hipotecada total o parcialmente a favor de una entidad financiera pública, con lo cual estos camaroneros podrían acceder a financiamiento.
Aunque, el sector camaronero considera que la hipoteca también debería ser un instrumento permitido a favor de las instituciones financieras privadas para poder acceder a crédito.
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