Riesgo país de Ecuador mantiene tendencia a la baja y llega a 1.879 puntos
El riesgo país es un indicador que mide las probabilidades de un país de caer en impago de su deuda externa.
El ministro de Finanzas del Gobierno de Daniel Noboa en una rueda de prensa, el 15 de enero de 2024.
Ministerio de Finanzas/X
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El riesgo país de Ecuador se ubicó en 1.879 puntos el 18 de enero de 2024. Se trata del nivel más bajo registrado durante el Gobierno de Daniel Noboa.
En el último día, el riesgo país bajó 31 puntos, al pasar de 1.910 a 1.879.
Por lo tanto, es el nivel más bajo del indicador durante la actual administración, que cumple dos meses el 23 de enero.
El riesgo país es un indicador que mide las probabilidades de un país de caer en impago de su deuda externa. Mientras más alto es el riesgo país, hay mayor probabilidad de no pago, según lo percibido por los inversionistas.
La reducción del riesgo país, tras superar los 2.000 puntos, comenzó a mediados de diciembre, cuando el Gobierno implementó cambios económicos con la reforma tributaria aprobada, que estableció acciones como el pago anticipado de impuestos de grandes empresas.
Y siguió la tendencia a la baja el 12 de enero, cuando el presidente Noboa envió a la Asamblea un nuevo proyecto de ley económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno, el cual propone el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 15%.
Actualmente, la tarifa del IVA es de 12%.
El Gobierno justificó el aumento del IVA a una tarifa de 15% para financiar la declaratoria de "conflicto armado interno", decretado para combatir a grupos narcodelictivos catalogados como terroristas por el Gobierno.
Pero el dinero también hace falta para cubrir el enorme hueco fiscal que heredó el Gobierno y que ha provocado millonarios atrasos con los proveedores del Estado, los municipios y la seguridad social.
El escenario fiscal genera nerviosismo entre los inversionistas, que perciben más riesgoso a Ecuador y advierten que podría caer en un default o cesación de pagos de la deuda externa si no corrige los problemas económicos estructurales.
Gremios productivos han apoyado el aumento del IVA, pero también exigen al Gobierno cambios estructurales, como la focalización de los subsidios a los combustibles, para atender el déficit fiscal que llegó a USD 5.456 millones en 2023. Se trata de un faltante de recursos que emerge cuando los ingresos del país no alcanzan a cubrir todos los gastos.
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