La operación de la central hidroeléctrica Hidrotambo, en riesgo

El Ministerio del Ambiente revierte la autorización de uso de agua a la hidroeléctrica Hidrotambo, por supuestos incumplimientos. La empresa apelará la decisión.

La Central Hidroeléctrica San José del Tambo, ubicada en la provincia de Bolívar, podría dejar de operar. El 30 de mayo de 2023, el Ministerio del Ambiente revirtió la autorización de aprovechamiento de las aguas del río Dulcepamba concedida a Hidrotambo S.A, operadora de la hidroeléctrica.

El Ministerio asegura que la empresa incumplió las obligaciones estipuladas en la resolución N° 2018-008, de octubre de 2019. Entre ellas:

Rediseño y reconstrucción de las obras de captación, regulación y conducción de caudales en el río Dulcepamba. El plazo otorgado para la presentación y la aprobación del plan de rediseño fue de seis meses. Y para la construcción, de dos años.
No disponer de la totalidad del caudal del río Dulcepamba en época de estiaje.
Fijar el caudal ecológico del río en 1,46 metros cúbicos por segundo, en todo momento.
Instalar una estación hidrométrica como mínimo en el río Dulcepamba, aguas arriba del sitio de captación, con el fin de obtener información sobre el nivel de agua del río.

Según la resolución de reversión, el Ministerio del Ambiente procederá a la reasignación de los caudales revertidos, cumplimiento con el derecho humano al agua, el riego para la soberanía alimentaria y el acceso equitativa al uso y aprovechamiento productivo del agua.

Recurso de apelación

El 13 de junio, Hidrotambo S.A. apeló a la resolución de reversión de autorización de uso del agua para la operación de la central hidroeléctrica. El mismo Ministerio del Ambiente deberá resolver este recurso.

Para el gerente de la compañía, Franklin Pico, no existen tales incumplimientos y el procedimiento está viciado de "nulidad", entre otras razones, porque no analiza los descargos presentados por Hidrotambo.

Pico explica, por ejemplo, que el plazo para cumplir con las obligaciones exigidas debía empezar a correr una vez que Hidrotambo agotara todos los recursos de impugnación que le permite la ley.

Eso ocurrió el 8 de agosto de 2022. Ese día la Corte Constitucional inadmitió una acción extraordinaria de protección presentada por la empresa. Luego de esto, en septiembre de 2023, la compañía presentó un plan de acción ante el Ministerio, asegura Pico.

"En este plan se estableció un cronograma para aprobación de la Autoridad ambiental, del cual no hemos tenido respuesta alguna hasta el momento, pese a que han transcurrido nueve meses desde su presentación", dice el gerente general de Hidrotambo S.A.

Los problemas de Hidrotambo

En siete años, Hidrotambo S.A. ha enfrentado diferentes procesos legales, sobre todo, por los posibles impactos ambientales que la operación de la central hidroeléctrica podría generar en la comunidad San Pablo de Amalí y otras aledañas.

Desde 2015, en los meses más fuertes del invierno, entre marzo y abril, el río Dulcepamba se ha desbordado, al menos, en cinco ocasiones. Cada vez que esto ocurre, la comunidad queda incomunicada.

Según un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, de marzo de 2023, las "condiciones cambiantes" que ha experimentado la comunidad están relacionadas con el cambio del cauce del río, desde "un cauce estable a uno irregular".

Además, concluye, que hay un área con viviendas vulnerables a socavamientos, por la erosión que provoca el río, el cual es “proyectado hacia las casas” por las obras de captación de la hidroeléctrica.

En su inspección, la Secretaría no evidenció obras de mitigación alrededor de las instalaciones de la central, que protejan a la comunidad ante eventos adversos.

Sin embargo, Hidrotambo S.A. ha negado ser la causante del cambio del cauce del río.

Comunidad apoya reversión

Emily Conrad, directora del proyecto socioambiental Dulcepamba, espera que la reversión de uso del agua a Hidrotambo se cumpla en la práctica y que no quede "en papeles".

El proyecto Dulcepamba es una organización sin fines de lucro que, desde 2013, se ha dedicado a proteger los derechos de acceso al agua, a vivir en un ambiente sano y a la soberanía alimentaria de las comunidades del cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar.

"Esta es una deuda del Ministerio del Ambiente. Estamos muy felices porque es una lucha histórica, contra una empresa que ha vulnerado nuestros derechos", dice Darwin Paredes, comunero de San Pablo de Amalí y miembro del proyecto Dulcepamba.

Conrad dice que la decisión de revertir el permiso de uso de agua demuestra los incumplimientos de Hidrotambo S.A.

El abogado del proyecto Dulcepamba, Diego Hernández, reitera que, una vez que se agoten todas las instancias legales, exigirán el cumplimiento de hecho de la medida, que significa el retiro de la hidroeléctrica del río Dulcepamba.

Hernández no descarta una demanda contra Hidrotambo si es que no se cumple la resolución del Ministerio del Ambiente.

Además, la comunidad está esperando la resolución de la acción extraordinaria de protección que la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo presentaron ante la Corte Constitucional, en marzo de 2019.

La acción fue presentada por la "omisión del Estado" y la falta de control a las actividades de Hidrotambo, lo que ha perjudicado a la comunidad San Pablo de Amalí.

En septiembre de 2019, la Corte admitió el trámite de la acción de protección. Pero, aún están a la espera del llamado a audiencia.