La disputa por Superintendencia de Bancos deja un caos jurídico

La disputa en la designación del Superintendente de Bancos retrasa la atención a los usuarios y supone una traba para los procesos de supervisión que están en marcha.

Es lo que dice la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), que agrupa a cinco bancos especializados en microcrédito.

La misma preocupación tiene la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), que incluye a nueve bancos, organizaciones no gubernamentales y cooperativas.

Parte de las funciones de la Superintendencia de Bancos es la supervisión de una amplia cartera de instituciones financieras. Entre ellas están 23 bancos privados y cuatro públicos.

El organismo controla, además, a burós de crédito, casas de cambio y empresas que brindan servicio de pagos con tarjeta, de recuperación de cartera y de tarjetas de crédito.

Inseguridad jurídica

Ni la Asomif ni la RFD tenían certeza sobre quién estaba al frente de la Superintendencia de Banco, lo que ha creado un escenario de inseguridad jurídica.

El vocero de la Asomif, Patricio Chanabá, dice que supo que Guadalupe Cabezas sigue como superintendente encargado, pero hasta el cierre de esta edición (18:00) no recibió ninguna información oficial.

Por tanto, los bancos no saben a quién dirigir consultas o enviar la información de los procesos de control en marcha.

Este es el escenario luego de que el gobierno de Guillermo Lasso desconociera a Raúl González como superintendente de Bancos el domingo 14 de agosto de 2022.

Ese día, el gobierno dispuso que un grupo de policías resguarde las instalaciones de la Superintendencia en Quito y Guayaquil.

¿Y los planes en marcha?

La directora ejecutiva de RFD, Valeria Llerena, explica que sin una autoridad definitiva no hay continuidad en planes de trabajo como la inclusión financiera.

Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos emitió en junio de 2022 normativa nueva para promover más inclusión de mujeres en la banca.

Para esto, el organismo de control pidió información que los bancos ya comenzaron a entregar.

"Con la actual incertidumbre no sabemos si esto va a continuar, incluso a quién dirigir los oficios", dice.

El abogado experto en Derecho Financiero, Julio César Benítez, explica que la disputa en la designación del Superintendente de Bancos retrasa, además, la designación de liquidadores, de defensores del cliente y de intendentes que estaban en marcha.

Benítez añade que la situación refleja una falta de institucionalidad y es una traba para que lleguen al Ecuador nuevos competidores al sector financiero.

Procesos tan importantes como la entrada de una nueva institución financiera internacional o la fusión de bancos requieren de la aprobación de la máxima autoridad, detalla el especialista.

El servicio al usuario

El operativo de control policial en las oficinas de la Superintendencia, en el norte de Quito, sorprenció a los usuarios a realizar trámites el 15 de agosto.

Letreros pegados en los dos ingresos del edificio anunciaban que la atención sería a través de correo.

Tania Iza llegó desde Guamaní, en el sur de Quito, para presentar una queja en contra de un banco porque se niega a darle un crédito por una supuesta deuda pendiente.

Esperaba que en la Superintendencia me ayuden a solucionar el problema, dice la usuaria.

Entre enero y junio de 2022, la institución recibió 1.521 quejas y reclamos. Además, gestionó 86.980 solicitudes de información de usuarios del sector financiero en ese mismo período.

Otro servicio presencial suspendido es la entrega del historial de crédito de los clientes bancarios

Jorge Robles acudió a la Superintendencia en Quito para pedir este reporte, pero tuvo que regresar a su casa sin los datos.

Él necesita ser garante para un préstamo estudiantil y en el banco le informaron que su puntaje no se lo permite.

La supervisión

Chanabá dice que los procesos de supervisión de la Superintendencia a los bancos tienen un cronograma establecido con antelación.

Por eso, el gremio espera que los problemas en el nombramiento de la máxima autoridad no alteren los procesos de supervisión en marcha.

Otra área que preocupa es la generación de los informes técnicos de la Superintendencia para que la Junta de Regulación Financiera y el Banco Central emitan normativas y regulaciones.

El gobierno ya adelantó que estas instituciones no reconocen a Raúl González como titular del organismo de control.

Informes para el cálculo de tasas de interés y para definir los plazos para que una deuda se considere vencida son aprobados por el Superintendente.