Pozo: "No sabemos si hay votos para la ley de defensa de la dolarización"

La aprobación en la Asamblea Nacional del proyecto de ley para la Defensa de la Dolarización no está garantizada, dice a PRIMICIAS el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, quien reconoce que en política todo puede pasar.

El proyecto consiste en reformar el actual Código Monetario y Financiero (Comyf) para evitar que futuros gobiernos puedan tomar los depósitos del Banco Central y usarlos para financiar sus promesas.

¿A quién le pertenecen esos depósitos? Pozo lo explica en la siguiente entrevista.

Carlos Rabascall, compañero de fórmula del candidato Andrés Arauz, ha dicho que si UNES llega al poder derogará la ley para Defender la Dolarización. ¿Qué implicaciones tiene esto para el país y para el 'el ciudadano de a pie'?

El proyecto de ley busca proteger el dinero de la gente, que está depositado en los bancos y cooperativas; y estas entidades financieras, a su vez, depositan una parte de ese dinero en el Banco Central bajo el concepto de encaje bancario.

El dinero de los afiliados a la Seguridad Social; de la obra pública y de los Gobiernos Seccionales, por ejemplo, también está depositado en el Banco Central.

Estos depósitos tienen dueños y no son recursos del Gobierno que, a propósito, también tiene su propia cuenta en el Banco Central, que es la del Tesoro Nacional.

Derogar una ley de esta importancia debilitará la dolarización porque abriría la puerta para que se repitan los errores del pasado.

Y en el pasado un gobierno tomó USD 8.000 millones de las reservas del Banco Central para financiarse y financiar a la banca del Estado.

¿Qué significa todo esto para el ciudadano de a pie? Que en el transcurso del tiempo, si la ley es derogada, habrá dólares ecuatorianos sin respaldo, versus los dólares reales. Lo cual es el inicio del deterioro del régimen cambiario, es decir, un atentado contra la dolarización.

Es un atentado contra la dolarización.

¿Se puede derogar la ley en caso de que sea aprobada por la Asamblea? 

No, no creo que sea tan fácil, obviamente, al ser una ley orgánica, la derogación requerirá el respaldo de la mayoría en la Asamblea Nacional.

Pero, más allá de esto, pueden violentar la ley: no cumplir con la ley, simplemente.

En un estado de derecho todos tenemos la obligación, así no nos guste, de respetar la ley y esta es una norma que favorecería a la dolarización, al dinero que está en los bolsillos de las personas, al dinero que está depositado en el Banco Central.

¿Qué trabajo político ha hecho el Gobierno en la Asamblea para garantizar que el proyecto se apruebe? ¿Existen los votos suficientes?

En política no hay cómo garantizar nada. Nosotros, por el momento, estamos ofreciendo todas las explicaciones necesarias.

He conversado con líderes políticos y con asambleístas para que se entiendan el espíritu y el fondo de la ley. Pero habrá sectores que, así demos razones, no van a querer aceptar el proyecto de ley. Tenemos que movernos en esas aguas.

Hasta el momento no sabemos si existen los votos para aprobarla. Recuerde que la Ley Anticorrupción, que también se dijo que no se iba a aprobar porque no existían los votos, finalmente fue aprobada por la Asamblea.

No me quiero anticipar porque en política todo puede pasar, pero haremos el trabajo que sea necesario para que la ley se apruebe.

En política no hay cómo garantizar nada.

La propuesta de ley puede ser perfeccionada, no estoy cerrado a que hagan los ajustes que sean convenientes, pero que no desfiguren el espíritu de la ley.

¿El acuerdo con el FMI implica solo presentar la propuesta de ley ante la Asamblea o también su aprobación?

El compromiso es el envío y la aprobación de la ley en la Asamblea, pero nosotros llegamos hasta un cierto punto: el hacer una buena ley y la gestión en la Asamblea.

De no superar los escollos políticos habrá que volver a conversar con el FMI para ver qué se puede hacer.

De no superar los escollos políticos habrá que volver a conversar con el FMI para ver qué se puede hacer.

¿Se alcanzará aprobar la ley antes de que termine la actual administración? 

Al ser un proyecto de ley orgánica, con carácter económico urgente, la Asamblea tiene 30 días para aprobarla.

¿Existen posibilidades que el próximo Gobierno tramite la ley en la Asamblea?

No me quiero adelantar.

Si esto pasa dependerá de quién gane la Presidencia. Si gana el señor que no quiere la ley, es claro que no va a empujar el proyecto, pero si hay un poco de responsabilidad y sensatez, sí deberían aprobarla.

Deberían entender que esta no es una ley de este Gobierno, ni es una ley del FMI. Es una ley que necesita el país.

Si gana el señor que no quiere la ley, es claro que no va a empujar el proyecto.

¿Cuál es la idea detrás de la propuesta de mantener los Títulos del Banco Central en el nuevo proyecto de ley? Estos papeles fueron criticados en su momento.

El Banco Central tiene que cumplir ciertos principios de manejo. No es un banco comercial, es un banco de administración de reservas. El corazón de la ley es que todos los pasivos (depósitos) estén cubiertos.

En este momento existe un descalce de más USD 6.000 millones, producto de lo que se hizo en el pasado.

En ese sentido, el Banco Central, para poder obtener este respaldo, tiene la obligación de administrar la liquidez de la mejor forma posible. Y, para ello, puede usar ciertos instrumentos, como los Títulos del Banco Central (TBC).

Pero, lo fundamental en esto es que no exista la posibilidad de que el Gobierno use y se apropie de los fondos que no le pertenecen.

Lo fundamental es que el Gobierno no use y se apropie de fondos que no le pertenecen.

¿Es conveniente, en este momento, pagar intereses a los bancos por guardar más dinero (sobreencaje) en el Banco Central?

Ese es un tema que puede analizarse y discutirse. De lo que no existe duda es que para el encaje bancario requerido no se debe pagar interés a los bancos.

Se podría pagar intereses en el sobreencaje, es decir, si hay más recursos depositados en el Banco Central que el porcentaje legalmente establecido.

Pero el reconocimiento de un interés por el sobreencaje tiene que estar financiado por las inversiones de la propia reserva monetaria. El Banco Central no podría absorber pérdidas.

Significa que no podrá pagar un rendimiento, si no tiene como contrapartida un rendimiento por ese dinero.

¿Por qué el abandono temporal del Sistema Integrado de Administración de las Finanzas Públicas (Sinafip) y el regreso al viejo eSigef? 

La contratación del Sinafip no fue hecha en este Gobierno, sino en el anterior (2016, de Rafael Correa). Este Gobierno heredó un contrato.

En el convenio se esperaba que al cierre de 2019 se cambiara el eSigef por un nuevo sistema (Sinafip) que le iba a dar más eficiencia y seguridad a los pagos que realiza el Ministerio de Finanzas a las instituciones que reciben dinero del Presupuesto, por ejemplo.

Pero, por el impacto de la pandemia, todo eso complicó y el arranque del nuevo sistema se postergó para finales de 2021.

El cambio del sistema fue complicado. Para evitar el mal desenvolvimiento de las finanzas públicas en este año, se retomó, nuevamente, al eSigef y el arranque del Sinafip fue postergado para 2022.

El Ministerio de Finanzas ha sido criticado porque, en el marco del Convenio Interinstitucional para el Manejo Integrado de Liquidez del Sector Público, sacó USD 363 millones de las cuentas de Petroecuador (y Petroamazonas) en momentos en que el sector petrolero atraviesa por dificultades. ¿Cuándo devolverá el dinero? 

Nosotros no podemos hacer lo que no dice la ley. No podemos entregar, por ejemplo, a un gobierno seccional más de lo que dice en la norma y tampoco menos. Si nos atrasamos, debemos compensarlo.

Entonces, todos los débitos que hacemos a las instituciones que no usaron sus recursos hasta finales de año son legales y ese dinero pasa a la Cuenta del Tesoro.

No quiere decir que, si el Ministerio de Finanzas debita y mañana las instituciones necesitan esos recursos, no se busque una forma de entregarlos.

Y allí se requieren dos cosas: la asignación presupuestaria y la liquidez. En la Ejecución presupuestaria siempre se abren espacios para poder asignar cuando comienzan a faltar los recursos en las instituciones.

Por eso hay un presupuesto inicial, codificado y el devengado.

¿Cuánto dinero ha destinado el Ministerio de Finanzas para el fortalecimiento de las cárceles del país?

El problema de las cárceles es más integral.

El Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de La Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) tiene un presupuesto cercano a los USD 100 millones en 2021. De ese total, se han entregado alrededor de USD 3,5 millones en enero.

Lo que está pasando en las cárceles no es porque haya menos recursos. Aquí hay otras cosas, como los cárteles de la droga.

Entonces, si se entrega más dinero y no mejora la gestión, eso significa que no habremos solucionado mucho.

No es un tema de dar más dinero únicamente. Pero si se requieren mejoras en las cárceles, en su infraestructura, en los controles y mejoras informáticas, tecnológicas y de armamento tendremos que conseguir el dinero para financiarlo.

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