Protestas regionales retrasan la monetización de activos

Las violentas protestas en Chile, en Colombia, Bolivia, Haití y Ecuador tendrán consecuencias inusitadas, la región parece socialmente inestable y los inversionistas internacionales lo han percibido.

En Ecuador, un efecto colateral de las protestas de octubre es que han han llevado al país y al FMI a adoptar un cronograma menos ambicioso de monetización y venta de activos del Estado.

Esto porque los inversionistas y potenciales concesionarios se pusieron nerviosos por las protestas en la región y están esperando a ver qué pasa antes de entrar en negocios de largo plazo.

¿Sopladora será la única?

Al menos es lo que se desprende del último memorando emitido por el Fondo, en el que se reconoce que solo la hidroeléctrica Sopladora, de 487 megavatios, podrá ser ciertamente concesionada este año.

Con la concesión de Sopladora, que actualmente le pertenece a la holding estatal de electricidad Celec, el Estado espera recaudar unos USS 800 millones por adelantado, como parte de un contrato a 25 años.

Sopladora será entregada a un operador privado y el Estado, que es su dueño, le comprará la electricidad a la concesionaria.

Las que están en 'el aire'

La monetización de otros activos, como varias líneas de transmisión eléctrica, de la que el Estado esperaba obtener USD 800 millones, y del campo petrolero Sacha, uno de los más importantes del país, con una producción de más de 71.000 barriles diarios, están retrasadas.

Con la concesión de Sacha, Ecuador esperaba recaudar USD 1.200 millones.

Lo mismo pasa con una posible concesión de la refinería de Esmeraldas, la mayor de Ecuador, con capacidad para procesar 110.000 barriles diarios de crudo.

El FMI consigna en su memorando que la concesión de la planta refinadora de Esmeraldas quedará para 2021 en el mejor de los casos.

Con Esmeraldas el Estado esperaba obtener USD 300 millones.

Un enfoque más conservador en esta materia no fue sugerido por el FMI, "fue una propuesta del Gobierno, dadas las condiciones del país y de la región y el conflicto social", dijo a PRIMICIAS el viceministro de Economía, Esteban Ferro.

"Le planteamos al FMI dejar solo Sopladora, que es el proceso que ya está bastante avanzado y esperamos cerrarlo para el primer semestre de 2020", agrega Ferro.

¿Y el FMI qué dice? "Estuvo de acuerdo. Ellos también perciben que las condiciones sociales y políticas se han complicado en la región", dice Ferro.

Las consecuencias

Una mezcla de un programa de monetización de activos más conservador y un ajuste fiscal un poco menos fuerte tendrá como consecuencia una menor capacidad de Ecuador para recuperar sus reservas internacionales.

La reserva internacional apuntala la dolarización y se guarda en el Banco Central.

Las de Ecuador quedaron bastante golpeadas después del Gobierno de Rafael Correa, que usó al banco Central como fuente de liquidez para sus gastos.

Según el FMI, las reservas internacionales netas se encontrarán en USD 3.600 millones para finales de 2021, compradas con una meta original de USD 7.000 millones.

Mientras que se espera que las reservas brutas lleguen a USD 7.600 millones en 2021 o un 39% medidas por el indicador ARA (ver gráfico).

Un flaco colchón

Pese al importante ajuste a la baja, dice el FMI, "estos niveles de reservas representan una mejoría importante sobre los niveles de antes de la firma del acuerdo (entre Ecuador y el Fondo, ndr).

Y alcanzarán para la creación de un colchón que cubra los depósitos del sistema financiero en el Banco Central, el crédito pendiente del Banco con el FMI, un cuarto de las amortizaciones de la deuda pública externa y un mes de gasto del Gobierno a nivel del Sistema Público no Financiero (SPNF).

Medidas por el indicador ARA, las reservas internacionales de Ecuador todavía están en rojo, comparadas con otros países de la región.

ARA significa 'Reserve Adequacy Measure', por su nombre en inglés. Reservas de entre 100 y 150% de ARA son adecuadas, mientras que las inferiores a 50 son inadecuadas o muy bajas.

Ecuador tiene un nivel de reservas equivalente a 26% de ARA y debería incrementarlas hasta llegar a 39% para finales de 2021.