Las elecciones seccionales y extraordinarias demuestran que las redes sociales pueden utilizarse incluso para contravenir directamente la Ley Electoral, sin consecuencias. Y los candidatos a cualquier dignidad abusan de esa falta de regulación.
La última prueba de que las redes sociales son tierra de nadie, donde las figuras políticas hacen y deshacen a su antojo, es la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que archivó una denuncia contra la campaña que hizo la Revolución Ciudadana a favor de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana.
Pero el correísmo no fue la única agrupación que lo hizo. El Partido Social Cristiano (PSC) también hizo campaña por los suyos.
Esto está claramente prohibido por el Código de la Democracia. Se trata de una "infracción muy grave", que se sanciona con una multa de 21 a 70 salarios básicos (USD 9.450 a USD 18.000), destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Sin embargo, las redes sociales no están reguladas por la Ley Electoral ni por la autoridad electoral, por lo que, quedan fuera de los límites. Por ello, la defensa argumentó que las pruebas presentadas de Tiktok, Facebook, Twitter y YouTube son "inútiles, inconducentes e impertinentes".
Pero, además, los abogados reclamaron que dichas pruebas requerirían pericias, ya que no hay forma de probar que esas cuentas de redes sociales, utilizadas como plataforma de campaña electoral, "fueron creadas de manera deliberada" por los actores políticos.
Es por eso que el juez dice que no se llegó a comprobar la infracción, porque las redes no cuentan como medios digitales sujetos a la regulación electoral.
Este mismo argumento sirve para que los candidatos a cualquier dignidad hagan campaña sin respetar ningún límite. Incluso, comparten imágenes con menores de edad.
Y las elecciones extraordinarias no son la excepción.
El Reglamento del Gasto Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), vigente desde 2020, estableció que la pauta de los candidatos y las organizaciones políticas en las redes sociales serán considerados como gasto electoral, de partidos y candidatos, que tiene un límite legal.
Pero Diana Atamaint, presidenta del CNE, explicó que por una sentencia de la Corte Constitucional no se puede contabilizar esos recursos dentro del fondo de promoción electoral, para el que se usan fondos públicos. Mismo argumento que utilizó el TCE.
En los últimos 90 días, que incluyen parte de la precampaña, los ocho presidenciables que participaron en la primera vuelta gastaron en Facebook e Instagram más de un USD 1 millón en pauta:
Esto sin contar todo el gasto hecho por los partidos que los auspician, otros candidatos que los apoyan y sus grupos de 'fans'.
La campaña oficial para la segunda vuelta comenzará el 24 de septiembre, y se extenderá hasta el 12 de octubre. Para esos 19 días, el CNE fijó en USD 2,15 millones el techo del gasto electoral. Es decir, los fondos privados que se destinan a la contienda, entre ellos las redes sociales.
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