El CNE ha acreditado a más de 240 personas como observadores nacionales para estas elecciones. Mientras que se espera aún la confirmación de algunas misiones internacionales, que vendrán a Ecuador a verificar el proceso.
Las elecciones del 20 de agosto de 2023 son especiales, por haber sido convocadas después de la muerte cruzada. Por esta razón, hay más interés entre los observadores nacionales e internacionales para participar como veedores de las elecciones.
Las elecciones extraordinarias servirán para escoger a nuevo presidente, vicepresidente y asambleístas, que estarán en sus cargos hasta 2025. Por ello, al ser unos comicios atípicos, la mirada del mundo está más enfocada en Ecuador.
En general, la decisión de Guillermo Lasso de disolver la Asamblea no generó rechazo internacional. Pero el desarrollo de las elecciones sí genera preocupación, y esto se puede ver en la gran cantidad de observadores que se han acreditado.
En total, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha acreditado a 242 observadores nacionales, una cifra alta según sus cuentas. Estas personas se dividen:
- 174 personas naturales nacionales.
- Una persona jurídica nacional con 65 delegados.
- Tres personas naturales extranjeras domiciliadas en Ecuador.
En cuanto a observadores internacionales, el CNE todavía no ha confirmado el número de misiones que llegarán al país en estas elecciones. Pero la Organización de Estados Americanos (OEA) ya confirmó que su misión estará en Ecuador y será presidida por Isabel de Saint Malo, exvicepresidenta y canciller de Panamá.
El trabajo de los observadores
Los observadores se encargan del seguimiento y acompañamiento del proceso de las elecciones. Según su reglamento, tienen que actuar bajo los principios de:
- Objetividad
- Imparcialidad
- Transparencia
- Neutralidad
- No intervención
- Respeto a la legislación ajena
Todas las personas que quieran participar como observadores nacionales o internacionales en las elecciones tienen que ser acreditadas por el CNE, que les entrega una credencial de identificación.
Tienen la obligación de, máximo tres días después de las elecciones, entregar un informe preliminar con el resumen de su labor. Y en un plazo máximo de tres meses, un informe final de la observación electoral.
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