El Ministerio de Educación admite que el ausentismo escolar es alto en los dos establecimientos educativos que están en Socio Vivienda 2, por la inseguridad en el sector. Las clases continúan, pese a la zozobra de los niños y docentes.
Los disparos se volvieron a escuchar cerca de los techos de zinc de las casas de Socio Vivienda 2, en el norte de Guayaquil, desde la noche del 30 de agosto hasta el amanecer.
“Esto no para nunca, no hay un día en que no se escuchen disparos, pero esta balacera fue horrible, tuvimos que escondernos debajo de la cama con los niños”, relata una moradora.
Como consecuencia, un niño de 10 años resultó herido y está bajo cuidados médicos.
En medio de este conflicto están dos unidades educativas: Pedro Vicente Maldonado, donde estudian 4.162 niños; y la Carlos Rafael Mora Peñafiel, para 150 estudiantes con discapacidad.
Además se encuentra el Centro de Desarrollo Infantil, que atiende a cerca de 160 niños menores de tres años.
A pesar de que los disparos continuaron de manera esporádica en el transcurso de la mañana del 31 de agosto, las escuelas no cerraron.
El Ministerio de Educación informó a PRIMICIAS que “ante la inseguridad persistente en todo el país y, específicamente en Socio Vivienda 2, existe ausentismo escolar en dichas unidades educativas, donde se han presentado balaceras en el sector”.
Y que están trabajando "articuladamente con los entes de control para enfrentar las situaciones de inseguridad que se presentan”, dice el documento.
El Ministerio de Educación ha puesto la seguridad de los estudiantes y del personal educativo en manos de la Policía.
Sin embargo, la estrategia para controlar y erradicar la violencia en el barrio no está clara.
Hay dos policías en la Unidad de Policía Comunitaria, ubicada junto a la escuela, y también ha sido atacada. Las huellas de las balas todavía están en las ventanas y paredes del establecimiento.
Unidad de Policía Comunitaria en Socio Vivienda., Guayaquil. Primicias
Unidad de Vigilancia de Policía de Socio Vivienda 2. Guayaquil, 31 de mayo de 2022. Redacción Primicias
“¿Qué pueden hacer dos policías cuando en una tarde cualquiera hay 15 hombres armados en la esquina de la UPC?”, se pregunta con indignación una moradora.
Ella relata la escena posterior a la balacera del 25 mayo, en el que la escuela quedó en medio del enfrentamiento.
Las opciones se reducen a construir un muro de concreto alrededor de la unidad educativa, para disminuir el riesgo de que una bala penetre la infraestructura de lata de las aulas, o reubicar la escuela.
El Ministerio de Educación respondió que “se está trabajando en planes de contingencia con los directivos de los planteles educativos para fortalecer los controles afuera de las instituciones”.
Pecho a tierra
El 25 de mayo, a plena luz del día, los delincuentes corrían por los techos de la escuela Pedro Vicente Maldonado, mientras los niños y docentes intentaban huir de las aulas arrastrándose por el piso.
Esta experiencia dejó una lección: crear un protocolo sobre qué hacer en caso de un enfrentamiento armado.
“Pecho a tierra fue la recomendación de los policías cuando fueron a darnos una charla”, explica un docente de la unidad educativa.
Además, los maestros y los niños hacen un simulacro de balaceras en cada aula “para recordarles qué hacer. Todos se tiran al piso, toman una foto y eso mandan al Distrito”, explica el docente.
Pero lo que les preocupa es que la institución no tome otras medidas de prevención después de estos eventos violentos.
Las unidades educativas en Socio Vivienda tienen tapadas las ventanas con madera o zinc debido a la inseguridad. Guayaquil, 31 de mayo de 2022. Primicias
“Nos obligan a ir, aunque una gran mayoría de niños no vaya”, cuenta el docente, que viaja desde el sur de Guayaquil hasta Socio Vivienda para trabajar.
El profesor recuerda que hace unos días quedó atrapado en medio de una balacera afuera del establecimiento, mientras recogían las leches para alimentar a los infantes.
“La camioneta se acercó a la puerta y el intercambio de balas fue más fuerte. De repente llegaron varias personas para saquear la camioneta y llevarse las leches de los niños”, relata el docente.
Todo esto ocurrió junto a la Unidad de Vigilancia Comunitaria.
“Yo no mando a mi hijo (a la escuela), porque trabajo, quién sabe lo que puede ocurrir de un momento a otro y no pueda socorrerlo”, asegura una madre de familia.
Dos bandas siembran el terror
El barrio Socio Vivienda nació al noroeste de Guayaquil en 2012, durante el gobierno de Rafael Correa, quien destinó USD 232 millones en el proyecto Guayaquil Ecológico, que buscaba remediar la situación ambiental del Estero Salado.
Para lograrlo, las autoridades reubicaron a 6.316 familias que vivían a orillas del río.
Muchas de las familias tenían viviendas de cemento de dos pisos. Eran amplias y habitables. “Acá nos dieron unas cajas donde vivimos hacinados”, dice Virginia, (nombre protegido) y la mayoría no tiene las escrituras de propiedad.
El hacinamiento es uno de los tantos problemas que tiene esta comunidad, donde viven hasta dos familias en casas de 40 metros cuadrados.
En esta sector confluyen todos los delitos: robos, secuestros, venta de drogas, tráfico de armas, extorsiones y asesinatos. Y operan las bandas de los Tiguerones y los Águilas, que se disputan el control de territorio.
Según fuentes policiales, todos los dueños de locales que hay en el sector son extorsionados y la gente tiene miedo de denunciar. Las pocas pistas que consigue la Policía se diluyen por falta de evidencias.
La Policía siguió la pista de unos sujetos que se habían escondido en la escuela tras el enfrentamiento del 30 de agosto, “sin tener resultados positivos".
Los agentes agregan que "después fuimos a unos domicilios, identificamos a cuatro sujetos que serían los que estuvieron disparando, pero no encontramos armas”, dice Diego Almeida, jefe del Distrito Nueva Prosperina.
Las bandas delincuenciales esconden las evidencias cuando hay un crimen antes de que llegue la Policía.
Además tienen escondites para las armas y drogas que los uniformados no conocen.
De los cuatro detenidos, dos tenían antecedentes penales, pero fueron liberados porque no tenían pruebas para procesarlos por algún delito.
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