En los meses previos a la elección presidencial anticipada de 2023, el empresario Xavier Hervas anunció que no sería candidato a la presidencia de la República, ya que no lograba conseguir una organización política que auspiciara su postulación.
Dos semanas después, Hervas señalaba que, ante el fraccionamiento de la derecha, había un espacio vacío en el tablero electoral para una propuesta de centroizquierda como la suya; es así que finalmente participó en las elecciones bajo la bandera del Movimiento Reto, ubicado en la centroderecha.
El presidente Noboa, por su parte, llegó a la Asamblea Nacional en 2021 auspiciado por el movimiento Ecuatoriano Unido, organización fundada por el hermano del expresidente Lenin Moreno.
En 2023, ganó la presidencia del Ecuador a través de una coalición entre el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia -fundado asimismo por un primo del expresidente Moreno- y el movimiento MOVER, organización creada en 2006 por el expresidente Rafael Correa, originalmente con el nombre de Alianza PAÍS.
Detrás de estas entretenidas anécdotas, se esconde una penosa realidad para nuestra imperfecta democracia: la mayoría de las organizaciones políticas ecuatorianas solo sirven como vehículos electorales de coyuntura, a disposición del mejor postor.
Sobran testimonios de cómo varios movimientos políticos se han constituido con el único fin de “hacer negocio”. Emergen sin ninguna base ideológica, no cuentan con personajes representativos y pasan la mayor parte del tiempo en silencio.
Eso sí, reviven con entusiasmo cada dos años en las campañas presidenciales o seccionales, periodo durante el cual sus dueños abren todas las opciones de negocio en las 24 provincias. Comienza esa perversa subasta de espacios en la papeleta, así como el hábil manejo del fondo partidario. Tiempo de cosecha.
Este vergonzoso modus operandi es tan cotidiano y recurrente que no nos sorprende. Una vez más, hemos normalizado lo incorrecto.
No hay democracia sin partidos. Pero más allá de participar en elecciones, los partidos son los intermediarios entre los ciudadanos y el Gobierno al representar sus intereses, valores y preocupaciones. Con esta premisa, lo esperado es que, una vez en el poder, interpreten estas aspiraciones y las transformen en políticas públicas de acuerdo con su ideología.
La indispensable sintonía entre la organización y el ciudadano solo se logra recuperando la misión tradicional de los partidos, que inicia con la conformación de una militancia activa que asuma roles y responsabilidades, gozando de derechos y obligaciones.
Con una militancia sólida, se puede avanzar hacia otros objetivos como establecer procesos de democracia interna que verdaderamente garanticen una igualdad de oportunidades para liderar un espacio, ser candidato o asumir un cargo.
Todo esto, enmarcado en procesos de formación política continuos y espacios de participación en los que se valoren y acojan las ideas de los miembros para la formulación de estrategias y políticas.
Un punto de partida es que la Asamblea reforme el Código de la Democracia y exija que un candidato esté afiliado a una organización política durante al menos dos años antes de postularse a cualquier cargo de elección popular. Lamentablemente, a los mismos que aprueban las leyes esto no les conviene.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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