Mientras en Ecuador sigue aumentando la indignación, el gobierno busca ideas 'originales' para combatir la corrupción.
Ahora que se ha nombrado a Verdesoto en una Secretaría Anticorrupción revivida, es conveniente recordar todos los intentos fracasados anteriores.
Es incomprensible que el gobierno de Guillermo Lasso, en un año, haya anunciado cuatro organismos distintos para afrontar la corrupción. Se supone que es el principal motivo por el que ganó las elecciones y su bandera de su campaña.
Recordemos la promesa de una comisión internacional anticorrupción en campaña, el contrato con Naciones Unidas, del que nada se supo desde su anuncio; la prometida Comisión Nacional Anticorrupción, de la que nada más se supo, y el nombramiento del mismo Verdesoto como 'consejero Presidencial Anticorrupción', de cuyos resultados tampoco nada se sabe… y ahora esta comisión.
Y no podemos olvidar una noticia bastante surrealista que ha pasado inadvertida, y es qué ocurrió con la Comisión de Expertos Internacionales Contra la Corrupción en Ecuador (CEICEE), que creó el presidente Lenín Moreno en 2019 con gran pompa y promesas.
Tres años después, el resultado no ha podido ser más lamentable, con los 'expertos' denunciando al gobierno de Ecuador por el impago de sus sueldos. Y el Estado ecuatoriano, sin poder recuperar el millón que entregó a la ONU para combatir la corrupción (menuda ejemplaridad la de la ONU).
Resulta bastante extraño que los supuestos 'expertos internacionales' anticorrupción se pusieran a trabajar sin tener un contrato firmado, un mandato claro y una posición clara en la institucionalidad del Estado.
Es decir, si alguien no sabe que el primer paso para combatir la corrupción es la transparencia y la claridad en el gasto público, no sé qué consejos pueda dar que tengan algún valor para combatir la corrupción.
De hecho, no se sabe qué contenía el supuesto informe que presentaron ni en qué benefició a los ecuatorianos.
La realidad es que no se necesitan ni más 'expertos' ni más ideas originales para combatir la corrupción. Lo que se necesita es una acción decidida.
Es evidente que hay problemas legislativos y hasta constitucionales para combatir la corrupción.
Para empezar, el engendro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el ente que controla las designaciones de las más altas autoridades del Estado, como la Judicatura, la Fiscalía y la Contraloría, y es objeto de una dura lucha política por su control (o desaparición).
Pero cada organismo público puede comenzar por nombrar una auditoría interna con todas las garantías, para evidenciar el uso del dinero público.
Se puede hacer un compromiso serio de lucha contra la corrupción desde cada ministerio y cada oficina pública, con buzones anónimos de denuncias, que solo tendrán éxito si se ven respaldados por investigaciones profundas y acciones contundentes, como es presentar por parte del Estado las correspondientes acusaciones y evidencias ante la Fiscalía, y despidos de todo funcionario comprometido.
Si aún hay un motivo muy positivo por el que el gobierno puede pasar a la historia de Ecuador sería combatir la corrupción. Tras un año y cuatro 'ocurrencias' fracasadas, ya es el momento de un plan coherente, completo y denodado.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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