Cuando pensábamos que, por fin, el Metro de Quito comenzaría a operar el 15 de diciembre de 2022, la ciudadanía recibió como un baldazo de agua helada la noticia de un nuevo retraso.
El Municipio informó que tuvo dificultades en el proceso en que se eligió al consorcio liderado por el Metro de Medellín y la compañía francesa Transdev, y que convocará nuevamente a la presentación de ofertas.
Aunque las autoridades sostienen que la fecha de inicio de operación se mantiene, es improbable que se cumplan los plazos previstos. No es una buena noticia para la ciudad.
La obra debió haber concluido en mayo de 2019, pero se retrasó más de tres años por cambios en el diseño, la pandemia y por decisiones contradictorias de la anterior administración municipal.
La etapa constructiva se llevó adelante de acuerdo con el cronograma, pero a mitad de camino se decidió cambiar el modelo de operación que había sido avalado técnica y financieramente por los organismos multilaterales que respaldan la obra.
La crisis y transición municipal empeoraron aún más la marcha del proyecto. Entre idas y venidas, se perdieron valiosos años y se dejaron bajo tierra no solo los vagones sino las esperanzas de un mejor transporte público.
La actual administración volvió al plan original y seleccionó en la etapa precontractual al mencionado consorcio franco-colombiano.
Parecía que el tortuoso camino de la mayor obra de infraestructura de Quito finalmente se enderezaba, pero por desgracia este nuevo retraso vuelve a ensombrecer el panorama y la ilusión ciudadana.
Si medimos el costo de dicho retraso por su impacto en la congestión vehicular, la contaminación, la salud pública y la productividad, un cálculo preliminar arrojaría pérdidas para la sociedad de alrededor de USD 240 millones por cada 12 meses de retraso.
Usualmente, las autoridades de control persiguen a quienes cometen delitos, pero jamás castigan a quienes dejan de hacer las cosas, aun cuando su falta de decisión ocasione pérdidas gigantescas para la gente. Esta sanción corresponderá ahora a los ciudadanos en las próximas elecciones municipales.
Ya no es el momento de mirar por el espejo retrovisor y lamentarnos por los errores del pasado, sino de encarar los desafíos futuros con liderazgo y transparencia.
El nuevo alcalde o alcaldesa tiene la oportunidad de hacer del Metro de Quito la columna vertebral de un nuevo desarrollo urbano y su mayor palanca para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Los beneficios inmediatos serían evidentes en al menos seis aspectos:
- Reducción del tiempo de movilización de un punto a otro de la ciudad.
- Disminución de la congestión y la inseguridad vial.
- Menos contaminación y una menor huella de carbono.
- Mejores condiciones de salud pública.
- Fortalecimiento de la logística y la competitividad de la ciudad.
- Valorización y desarrollo de las áreas de influencia, lo que generaría empleo directo e indirecto en actividades como turismo, servicios y la economía creativa y cultural.
Para lograr el máximo impacto de estos beneficios, la clave será optimizar e integrar el sistema de movilidad urbana general, que tenga al peatón como prioridad, y que incluya conectividad, integración tarifaria y pago electrónico en el metro, el trole, los metrobuses y los autobuses; asimismo las formas de transporte no motorizado, como bicicletas y patinetas (tradicionales y eléctricas).
Sin duda, estas formas de movilidad son más costo-eficientes, inclusivas y democráticas.
Son una oportunidad para reducir la dependencia del transporte centrado en el automóvil privado, que no solo congestiona y contamina, sino que es regresivo: moviliza la menor cantidad de pasajeros, pero requiere la mayor cantidad de inversión pública en vías y parqueaderos.
Más allá de lo descrito, probablemente el impacto más significativo sea el cambio cultural inducido por esta nueva forma de transporte público. Muchos casos confirman que el comportamiento de los ciudadanos es ejemplar bajo el paraguas de los metros.
Los caraqueños, por ejemplo, bromeaban que bajo el metro eran tan disciplinados como los suizos, pero apenas salían a la superficie, regresaban al bochinche caribeño.
Otro caso reciente e inspirador ha sido documentado por la CAF en el teleférico de La Paz: son las señoras paceñas con sus polleras coloridas quienes cuidan y defienden sus cabinas, dando ejemplo de construcción de ciudadanía.
El Metro de Quito debería plantearse el objetivo de reforzar este cambio cultural que esperamos, y exportarlo a la superficie: áreas verdes, aceras, vías alternativas y espacios públicos, con limpieza, seguridad, respeto y libre de acoso.
El BID ha publicado recientemente un ensayo sobre el desarrollo orientado al transporte (DOT), que promueve ciudades más compactas, conectadas y coordinadas, como base del desarrollo urbano más eficiente, inclusivo y sostenible.
Aunque identifica varios riesgos y hace ocho recomendaciones para mitigarlos, las ventajas son enormes. Es una lectura recomendada para los futuros candidatos, funcionarios municipales y gobierno central.
Con una inversión hundida, auténticamente hundida, de más de USD 2.000 millones, y con tantos beneficios potenciales, en verdad duelen los retrasos y la incapacidad que tiene el país en sacar adelante proyectos tan estratégicos como este.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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