Como consecuencia de la muerte cruzada, el Gobierno Nacional ha emitido dos decretos ley de urgencia económica. El primero de naturaleza tributaria y el segundo relacionado con zonas francas.
Ambos durmieron el sueño de los justos en la Corte Constitucional más de un mes.
Mientras tanto, hasta que los nueve magistrados se dignen a dar una respuesta, en el país no se puede actuar ni planificar. Mientras tanto, los agentes económicos están impedidos de plantear algunas perspectivas de lo que puede ser el futuro inmediato. La incertidumbre gana espacio y el prestigio de la Corte Constitucional se desmorona.
Si bien es cierto que la opinión pública durante las últimas semanas se ha concentrado en el proceso electoral, resulta inevitable volver la mirada hacia la notoria falta de prolijidad y de empatía de la Corte Constitucional con el país.
Aunque nadie pretende que, en un abrir y cerrar de ojos, los jueces resuelvan sobre ambos decretos, lo que sí se espera, mejor, se exige, es que desde el máximo órgano de justicia constitucional haya una mediana conciencia del momento político que vive la ciudadanía y la necesidad de que ellos, desde sus inmaculados y poco criticados espacios, planteen sus opiniones de forma ágil.
No es excusa que los jueces no tengan un plazo legal para decidir. Esto no se trata de cuestiones puramente jurídicas sino de razones políticas. Razones de Estado.
Precisamente por coyunturas como la actual es que a los jueces constitucionales se los califica como jueces de la política.
Con esta denominación no se trata de señalar que estos magistrados tengan filiación partidista ni intereses específicos con algún sector político. Lo que se pretende argumentar es que en momentos como el que vivimos, la decisión de la Corte Constitucional va a marcar el futuro inmediato del país y, en alguna medida, el ambiente político electoral.
Si a esa posición que deben asumir los jueces constitucionales se la valora como actuar o no en el papel de colegislador del Presidente Lasso, pues que así se entienda.
Ese es el rol que deben cumplir en esta circunstancia. Para eso tienen la investidura. Para eso aceptaron ser jueces constitucionales.
Siempre será preferible que las decisiones que tome la Corte Constitucional sean ágiles y oportunas, independientemente de la dirección de los fallos y de los afectos y desafectos que de allí puedan surgir, a que se inunde el ambiente con lo que ya, hoy por hoy, circula como un rumor cada vez más creciente.
Ese rumor no habla de la falta de conocimientos ni duda de la honestidad de los integrantes de la Corte Constitucional, pero sí pone en entredicho su falta de entereza para afrontar la coyuntura política y sus consecuencias.
En ocasiones como esta vale la pena traer a colación aquella expresión que señala que, aún peor que un juez corrupto es un juez pusilánime.
No permitan ustedes, integrantes de la Corte Constitucional, que esa percepción se amplíe a mayores espacios de la ciudadanía.
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Ser juez constitucional implica tomar riesgos que, bajo el actual diseño constitucional, no tienen que ver con la estabilidad en el desempeño de los cargos, pues la Corte Constitucional no rinde cuentas a nadie.
Esos riesgos, en un país como Ecuador, tienen que ver con la valentía para asumir decisiones oportunas en momentos de crisis.
Si los jueces constitucionales no tienen los arrestos para cumplir ese rol quizás vale la pena que consideren seriamente su permanencia en ese órgano de justicia. Nuevamente, aún peor que un juez corrupto es un juez pusilánime.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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