Al tercer trimestre de 2023, el 25,5% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingreso a escala nacional, y el 61,2% no logra cubrir la canasta básica.
La falta de ingresos se relaciona con las malas condiciones de empleo que se evidencian en el país. El 53,2% del empleo se da en el sector informal.
La informalidad se genera en un contexto de baja productividad que no promueve ni a empleados ni a empleadores a establecer una relación formal.
La inestabilidad laboral difícilmente incentiva el pensar en aportar a la seguridad social para una pensión en un futuro incierto frente a necesidades concretas actuales.
Mientras que la incertidumbre en ganancias limita la disponibilidad a ofrecer condiciones de estabilidad laboral, e incurrir en los costos de formalización.
En cuanto a generación de capacidades, apenas el 25,9% de las personas en edad de asistir a educación superior lo hacen, limitando la potencialidad de desarrollo de las personas y del país en su conjunto, al mantener bajos niveles de acceso a ciencia y tecnología.
Adicionalmente, la inseguridad se ha convertido en el principal problema para la reactivación económica y el bienestar. Se proyecta que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes termine en 42,5 en 2023, frente al 25,9 de 2022, 14 de 2021 y 5,8 de 2017.
Si a escala nacional se observa un problema complejo, este se profundiza en determinadas provincias debido a los altos niveles de desigualdad que persistente en Ecuador. Las provincias de la Amazonía, Esmeraldas, Santa Elena y la Sierra centro destacan por el abandono del Estado, y dan cuenta de una realidad aún más preocupante.
En estas provincias más de 70% de las personas no cubren la canasta básica.
En la Amazonía la pobreza por ingresos supera el 50%. En Napo, Morona Santiago, Chimborazo, Bolívar y Pastaza el empleo en el sector informal es mayor al 70%. En la Amazonía menos del 10% de la población asiste a educación superior.
En Esmeraldas, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes podría llegar a 87,4.
Ecuador necesita afrontar problemas estructurales de baja productividad, alta desigualdad y aumento de la violencia y la inseguridad. Estos problemas están estrechamente vinculados.
El círculo vicioso en que se encuentra el país no se resuelve con reformas laborales que legalicen la informalidad, sino generando una dinámica virtuosa de reactivación económica basada en una combinación de políticas productivas, que incentiven la productividad y por ende las ganancias, la inversión y el empleo, y mecanismos de protección social, para sostener el consumo y de esa manera las ventas, las ganancias, la inversión y el empleo.
La generación de capacidades para el desarrollo pasa por garantizar y aumentar los presupuestos necesarios para salud, educación y atención a grupos prioritarios.
Combatir la violencia y la inseguridad requiere mejorar las condiciones de vida de manera generalizada, para brindar oportunidades a todas las personas, especialmente a la población joven, fortalecer el sistema judicial y velar por su transparencia, y ampliar las capacidades de la fuerza pública y las alianzas internacionales para un combate inteligente al crimen organizado transnacional presente en el país.
Solucionar los problemas del país parte por comprender que el Estado tiene un rol fundamental, y que se deben fortalecer sus instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Debilitar al Estado lleva al “sálvese quien pueda”, eso han hecho los últimos gobiernos, y este es el país que han dejado.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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