La Asamblea y el ECU 911 buscan a los causantes de los daños

La sede de la Asamblea Nacional fue uno de los puntos centrales a los que se dirigieron las manifestaciones en contra de las medidas económicas del Gobierno. Esto pese a que la eliminación del subsidio a los combustibles se dio por Decreto Ejecutivo y no por reforma legislativa.

La evaluación de los daños del Palacio Legislativo bordea los USD 70.000.

El coordinador Jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, reconoció su firma ante la Fiscalía este 17 de octubre. Esto permitirá que la entidad continúe con la investigación para intentar determinar quiénes son los culpables por la irrupción en el edificio, del 8 de octubre.

En los próximos días se realizará la reconstrucción de los hechos y se tomará la versión de las 70 personas que, presuntamente, están involucradas en el evento.

Salazar dijo que hubo varios delitos ese día, entre ellos, paralización de servicio público, terrorismo, rebelión y que corresponderá a la Fiscalía determinar la figura para la acusación, en caso de encontrar suficientes elementos de convicción.

El Servicio Integrado de Emergencias, ECU 911, también sufrió daños. Según su director General, Juan Zapata, hubo afectaciones en 80 cámaras: 36 fueron inhabilitadas durante las manifestaciones y otros 44 resultaron afectados pero siguieron operativos.

Esto ocasionó un perjuicio de USD 214.300.

Los centros ECU 911 que tuvieron inconvenientes con los dispositivos de videovigilancia son Ambato, Babahoyo, Cuenca, Ibarra, Loja, Machala, Macas, Nueva Loja, Riobamba y Quito (30 puntos).

Zapata informó también, este 16 de octubre, que pondrán las denuncias ante la Fiscalía por los hechos violentos que afectaron la operatividad del sistema. Dijo que cuentan con fotos, videos e información sobre los agresores. Igualmente en el caso del ECU 911 de Guaranda, que fue atacado por un grupo de manifestantes.

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