El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, anunció la decisión. El funcionario aseguró que el MTOP estará a cargo de las obras de reconstrucción en Manabí.
Luego de una reunión con autoridades locales de Pedernales (Manabí), el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez tomó una decisión con respecto al hospital de ese cantón.
“Tomé la decisión de terminar el contrato con el consorcio constructor del hospital de Pedernales”, anunció el funcionario en su cuenta de Twitter. Martínez aseguró que mantuvo encuentros con sectores de la sociedad civil de Manabí.
En esa línea, el alcalde de Pedernales, Óscar Arcentales, se mostró de acuerdo con la decisión de rescindir el contrato.
Mientras que el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, pidió al Gobierno a retomar la contratación y a las autoridades judiciales a sancionar los actos de corrupción.
Enrique Cano, abogado del Consorcio Pedernales Manabí, dijo a PRIMICIAS que ellos no han sido notificados sobre decisión alguna por lo que siguen trabajando en la obra.
Gabriel Martínez también anunció que su cartera de Estado asumirá las obras faltante de la reconstrucción de Manabí.
Una de esas obra es el hospital de Pedernales, que aún no se edifica cuatro años después del terremoto que tuvo como epicentro este cantón manabita.
Ya van dos terminaciones de contrato
Es la segunda vez que se da por terminado el contrato para la construcción de esta casa de salud. En la primera ocasión fue porque la contratista mintió con respecto a una póliza bancaria que servía como garantía del contrato.
Ahora, la terminación del contrato ocurre en medio de un escándalo de corrupción que presuntamente involucra al asambleísta oficialista Daniel Mendoza. Él actualmente guarda prisión preventiva en Quito.
También está detenido el que fuera director del Servicio de Contratación de Obras, Edmundo Tamayo; además del representante legal del consorcio.
La obra estaba a cargo de una empresa denominada Consorcio Pedernales Manabí, constituida poco antes de la adjudicación. La compañía ya había recibido un anticipo del 50% del contrato, es decir USD 8,2 millones.
Sin embargo, en declaraciones ofrecidos el pasado 8 de junio, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que el contrato tiene las garantías necesarias para evitar un perjuicio al Estado.
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