Para los municipios exigir paridad de género es atentar contra su autonomía

No a todos los municipios les agrada la intervención de la Defensoría del Pueblo para reclamar la paridad de género en la designación de vicealcaldes o vicealcaldesas del país.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) remitió un comunicado, este 13 de septiembre, con la opinión de su presidente, Raúl Delgado: la Defensoría está rompiendo la autonomía de los concejos municipales.

El también Alcalde de Paute (Azuay) está en desacuerdo con las acciones protección que interpuso la Defensoría del Pueblo para que se vuelva a elegir a los vicealcaldes en los municipios que no respetaron la paridad de género.

Con esta acción intentan obligar a los alcaldes a realizar algo que va en contra de la autonomía y de la democracia.

Raúl Delgaldo, presidente de la AME

Para titular de la AME, la Defensoría debería plantear la misma exigencia a las demás entidades, como la Asamblea Nacional. Caso contrario, dijo, existiría un direccionamiento a un solo nivel de gobierno.

Delgado anunció que la Asociación presentará una propuesta de reforma al Código de la Democracia, para "consolidar la participación más efectiva de las mujeres en el ámbito democrático y administrativo". Quiere que se defina en la ley electoral si es obligatorio o no tener alternancia de género entre alcaldes y vicealcaldes.

Esta se sumaría a las tantas propuestas de reformas electorales que han llegado al Legislativo, especialmente en los últimos meses, y que no encuentran consensos para su trámite y aprobación.

Sin embargo, esta obligación legal ya existe en el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad), como lo admite la misma AME en su comunicado.

Los consejos regionales, concejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible.

Artículo 317 del Cootad

Las acciones de protección de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo presentó 15 acciones de protección por la vulneración del derecho de la igualdad material en correlación con el derecho de participación y ocupación de las mujeres en la vida pública y política.

Cinco de las medidas judiciales fueron aceptadas por jueces de primera instancia: Cuenca y Santa Isabel, de Azuay; en Mejía y Rumiñahui, de Pichincha; y, en San Cristóbal, de Galápagos.

En los casos de Isabela y Santa Cruz, de Galápagos, los concejos cantonales se adelantaron y designaron a sus vicealcaldesas antes de la resolución del juez. En Limón Indanza, de Morona, se espera aún la fecha de audiencia.

Sin embargo, en Portoviejo (Manabí), Santa Clara (Pastaza), Yacuambí y Yantzaza (Zamora); Loja (Loja) y San Miguel de Los Bancos (Pichincha) la Defensoría planteó apelaciones, ya que las acciones de protección fueron negadas.

Lo mismo pasó en Quito, el vicealcalde Santiago Guarderas mantuvo su puesto por decisión judicial. La Defensoría se apresta a apelar esta decisión también.

Con este tipo de decisiones se perenniza la vulneración de los derechos de las mujeres y se sostiene un sistema violento y patriarcal en contra de ellas.

Freddy Carrión, defensor del Pueblo

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