Cárceles: El 44% del presupuesto será para atender la salud de los presos
El Gobierno presentó la nueva política pública penitenciaria. En 2022, el Estado anuncia una inversión de USD 27 millones en la rehabilitación de los reclusos.
Jan Jarab, representante de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Lasso, presidente de la República, y Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, en la presentación de la política pública para el sistema carcelario, el 21 de febrero de 2022.
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Las metas planteadas por el Gobierno para salir de la crisis carcelaria se extienden hasta 2025. Para el primer año de aplicación del programa estatal, es decir 2022, se anuncia una inversión de USD 27,4 millones.
La política pública de Rehabilitación Social fue presentada por el Directorio del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social (DOT), el 21 de febrero de 2022. El documento fue entregado al presidente Guillermo Lasso.
Para la elaboración de la política pública, se realizaron seis reuniones de la Mesa Técnica del Sistema Nacional de Rehabilitación, 32 reuniones con los integrantes del DOT, 20 reuniones con 40 organizaciones sociales y de la academia, nueve visitas a cárceles y reuniones con 2.600 reclusos y sus familiares.
El documento tiene 11 ejes y el presupuesto del primer año se dividirá así:
Salud, la prioridad
Dentro del presupuesto para el primer año de la política, el 44% se destinará al eje de Salud. Eso representa USD 12,1 millones, que serán administrados por el Ministerio de Salud.
Y este eje, a su vez, se dividirá en ocho dimensiones:
- Revisión al Modelo de Salud en los centros de detención.
- Acceso al derecho a la salud.
- Salud mental.
- Derechos sexuales y reproductivos.
- Salud de la mujer.
- Provisión de alimentos y agua.
- Medidas de prevención.
- Recabar datos sobre la salud de la población
Para 2022, entre otras cosas, el Gobierno se propone incrementar los controles preventivos anuales que reciben los detenidos con enfermedades crónicas, catastróficas, raras, huérfanas y con discapacidad.
Tercer plan en dos años
Aunque ahora tiene el membrete de política pública, esta no es la primera vez que el Gobierno ecuatoriano en funciones anuncia un plan para las cárceles.
En diciembre de 2020, a pedido de la Corte Constitucional, el gobierno del expresidente Lenín Moreno presentó un plan para rehabilitar el sistema carcelario.
El proyecto estaba calculado en USD 206,8 millones y debía ejecutarse en cuatro años. Es decir, USD 51,7 millones por año. Sin embargo, nunca se puso en marcha. La Corte solicitó al Ejecutivo que presentara un plan "debidamente financiado".
En ese proyecto, entre otras cosas, se planteaba la construcción de 10 nuevas cárceles, comprar 9.000 grilletes y contratar 300 nuevos guías cada año.
Ocho meses después, en agosto de 2021, con Guillermo Lasso en el poder y con un nuevo capítulo de la emergencia carcelaria en marcha, el Gobierno presentó al país un nuevo proyecto para cuatro años.
El presupuesto ascendía a USD 75 millones, unos USD 18,8 millones por año. Fausto Cobo, entonces director del SNAI, explicó que se planeaba solucionar el hacinamiento con la ampliación de pabellones y la reducción de la población carcelaria a través de la concesión de beneficios penitenciarios.
Finalmente, este tercer plan carcelario, tiene una inversión inicial de USD 27,4 millones para el primer año. Y tiene un enfoque diferente: se centra más en la rehabilitación de los presos, con ejes como la educación, la salud, el deporte y la cultura.
Aunque, también hay USD 8,5 millones que se destinarán a otros rubros como la infraestructura. Aunque el documento no especifica que obras se ejecutarán, sino que aborda en general de remodelaciones y equipamiento de seguridad.
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