Intereses políticos asedian al concurso para elegir al nuevo Contralor

La Contraloría General del Estado es uno de los botines políticos más codiciados en el país. Aunque legalmente la selección de las autoridades de control no puede estar vinculada a los partidos políticos, la realidad es otra.

El concurso público para seleccionar al próximo Contralor evidencia que hay intereses de por medio. No solo por las acciones de protección que buscan parar o empujar el proceso, sino también por los acontecimientos internos que lo entorpecen según la conveniencia.

Y la Comisión Ciudadana encargada de la selección del Contralor expuso varios de estos problemas en su sesión extraordinaria del 3 de octubre.

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En la cita, siete de los 10 comisionados se quejaron por las dificultades que han tenido para ejercer su labor. Denunciaron presiones por parte de ciertos vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), cortes de electricidad e Internet, e intentos de sabotaje.

El presidente de la Comisión, Marco Chalco, llamó la atención incluso a los comunicados públicos del CPCCS, comandado por Alembert Vera, abogado del expresidente Rafael Correa, que podría ser destituido por la Corte Constitucional por desacatar uno de sus dictámenes.

El comunicado del 2 de octubre solicitaba que los medios de comunicación y los comisionados no publiquen información falsa sobre el concurso del Contralor. A lo que Chalco respondió que ni la prensa ni los comisionados mienten, quienes lo hacen "son otros".

De todas formas, varios participantes han denunciado que el proceso no ha sido transparente ni justo, sobre todo en la calificación de méritos. Inicialmente, el proceso arrancó con 115 postulantes. Según los comisionados, quedan 42. Los demás se han retirado en el camino.

Incluso algunos entregaron sus exámenes escritos, el sábado 30 de septiembre, en blanco o con consignas de protesta. Pero la resolución con las calificaciones del examen no ha sido publicada aún. Por lo que oficialmente no se ha designado al nuevo Contralor.

Y, en medio del caos, las quejas del secretario de la Comisión, Francisco Toral, le costaron su puesto, por haber retrasado el proceso y no haber notificado a los participantes en el plazo establecido por el reglamento.

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Esa notificación quedó en manos de la comisionada que fue designada como secretaria encargada, Carmen Atupaña, hasta que el presidente del Consejo remita una nueva terna, para que la Comisión pueda escoger a su siguiente secretario.

Una vez que la Comisión Ciudadana ponga en orden sus asuntos internos y responda los pedidos de recalificación, si existiesen, se conocerá el puntaje total de los participantes y quién será el Contralor para los próximos cinco años. Sin embargo, este no podrá posesionarse hasta que la nueva Asamblea Nacional entre en funciones.

El enredo con el secretario

La Comisión Ciudadana se ha visto envuelta en una serie de polémicas y de medidas cautelares que entorpecen el concurso.

El último episodio en el caótico desarrollo del proceso giró en torno al secretario de la Comisión, Francisco Toral. El funcionario puso en duda la calificación de los exámenes escritos, bajo el argumento de una falla eléctrica.

Pero tampoco acató la orden del presidente de la Comisión, de notificar a los postulantes sobre los resultados, durante las 24 horas subsiguientes al examen escrito.

Por ello, en la sesión del 3 de octubre, los comisionados cuestionaron las actuaciones de Toral, así como las del mismo CPCCS y acusaron a la entidad de "sabotear" el concurso, denunciaron que incluso los dejaban sin electricidad y sin internet mientras sesionaban.

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La comisionada Eugenia García incluso acusó al secretario Toral de cometer el delito de desacato. Mientras que el comisionado Lenin Uquillas preguntó por qué no se notificó de manera formal y urgente de las supuestas fallas eléctricas durante la prueba escrita y "no cuando se descubrió que posiblemente le fue mal a alguien".

Uquillas dijo, sin nombres, que ciertos vocales del CPCCS intentaron presionar al presidente de la Comisión para que no publique los resultados de las pruebas escritas. Lo que fue ratificado y criticado también por la comisionada Carmen Atupaña.

El secretario proviene de una terna enviada por el CPCCS, aclaró el comisionado Jhossueth Almeida, y agregó que la Comisión no tiene control sobre los sistemas informáticos utilizados para el concurso.

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Mientras que el mismo presidente del organismo, Marco Chalco, pidió que se precautele la seguridad de las pruebas escritas, guardadas en el CPCCS. Y aclaró que la caja fuerte, que contiene las pruebas selladas, se puede abrir solamente bajo solicitud de recalificación de los postulantes. Para lo cual necesitan que se notifique las calificaciones.

La mayoría de comisionados concordaron en que el secretario Toral incumplió sus labores y que el concurso está siendo retrasado y entorpecido, por razones desconocidas. Por eso plantearon la suspensión del funcionario, que hasta el final de la sesión mantuvo su argumento de que la Comisión estaba actuando de manera indebida.

La decisión se tomó con siete votos a favor, dos votos en contra y una ausencia, tras lo cual el secretario abandonó la sesión.