El Consejo de Participación, cercado por todos los frentes

Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) le ha caído su propia pandemia. El avance en la Asamblea del trámite de la reforma constitucional que busca su eliminación coincidió con la investigación a su presidente, Christian Cruz, y con las críticas internas a su gestión.

El Legislativo podrá retomar el debate para eliminar esta institución a mediados de diciembre de 2020. Hasta entonces, la Comisión de Enmiendas reunirá las propuestas de los legisladores sobre la reforma constitucional.

El presidente de la Asamblea, César Litardo, ha dicho que él no está a favor de la eliminación del CPCCS. Sin embargo, dado que la propuesta de reforma es de origen ciudadano y contó con el apoyo de 173.661 firmas, el trámite seguirá con los tiempos establecidos en la Constitución.

Por si fuera poco, la imagen del Consejo está fuertemente golpeada, algo que ya marcó el primer debate de la reforma. Los asambleístas que están a favor de la eliminación del CPCCS se enfocaron en que el cambio en la forma de designación de sus miembros no es la solución.

Críticas y polémicas

En la consulta popular de 2018, los ecuatorianos votaron a favor de la propuesta del presidente Lenín Moreno de que los miembros del CPCCS fueran elegidos en las urnas. En las elecciones de 2019 fueron escogidos los nuevos siete consejeros, y posesionados en junio de ese año.

Con esto, se buscaba evitar la injerencia política dentro del Consejo. Sus miembros anteriores, seleccionados por concursos de oposición y méritos, fueron señalados de "correístas".

Pero la polémica comenzó de inmediato. El sacerdote José Carlos Tuárez fue nombrado presidente del organismo, pero duró apenas dos meses en el cargo. La Asamblea lo destituyó tras un juicio político, junto a tres consejeros más.

Christian Cruz, quien había encabezado la oposición a Tuárez, fue designado como nuevo presidente del organismo en agosto. Pero la tranquilidad le duró poco.

En medio del escándalo por las irregularidades en el otorgamiento de carnés de discapacidad a personas que no tienen ninguna, Cruz salió salpicado. Y desde entonces, el ambiente dentro del CPCCS es cada vez más crispado.

La Asamblea tramita un juicio político contra Cruz. Y a esto se le suma que la Fiscalía abrió una investigación previa por las irregularidades en la obtención de su carné.

Ahora, con la reforma constitucional avanzando, los legisladores se cuestionan si el cambio en la forma de designación fue suficiente. Para la mayoría, no lo fue y es necesario eliminar la institución de raíz.

Se aferra al poder

El 16 de septiembre, una sesión del Pleno del CPCCS evidenció la ruptura y las pugnas internas. La sesión, que se desarrolló de forma virtual, fue suspendida ante la negativa de Cruz de hacerse a un lado.

De entrada, el consejero Francisco Bravo solicitó incluir en la agenda de la reunión el análisis de la situación jurídica de Cruz. Sin embargo, el presidente se negó a ello, sin siquiera votar su inclusión en el orden del día, pues según él "no es procedente".

Ante esto, Bravo apeló la Presidencia, con lo que Cruz debía salir de la sesión y dejar a la vicepresidenta, Sofía Almeida, al frente. Pero Cruz nuevamente se negó a tratar la apelación y silenció los micrófonos de sus compañeros.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo la sesión, la suspendió sin tratar ningún punto.

Este fue uno de los hechos que el asambleísta Henry Kronfle (PSC) presentó ante la Comisión de Fiscalización, que tramitará el juicio contra Cruz. Aseguró que un funcionario que no tiene ni siquiera la confianza de sus compañeros no puede seguir en el cargo.

Y un juicio político que avanza...

La Comisión de Fiscalización espera tener su informe sobre el juicio político contra Cruz antes del 4 de octubre de 2020. Con esto, debería pasar al Pleno de la Asamblea en los días siguientes para la resolución sobre si hay o no censura.

La comparecencia de Cruz será el 28 o 29 de septiembre, dependiendo de la agenda del Pleno.

Kronfle acusa a Cruz de incumplimiento de funciones por tres causas:

• Las irregularidades en la obtención de su carné de discapacidad.
• Su falta de probidad notoria, uno de los requisitos constitucionales para ser miembro del CPCCS.
• Arrogación de funciones, por haber aprobado reglamentos que le correspondían al Pleno del organismo.

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