Caso María Sol Larrea: embargan 300 joyas de la exfuncionaria
Imagen del operativo de embargo de las joyas de María Sol Larrea, el 27 de noviembre de 2020, en Quito.
Cortesía / Procuraduría
Autor:
Actualizada:
Compartir:
El 27 de noviembre de 2020, en las oficinas del Monte de Piedad de Quito, la Procuraduría General del Estado procedió al embargo de 300 joyas pertenecientes a Larrea. Ella era funcionaria de varias instituciones del Estado y mano derecha de Ramiro González, exministro correísta, hoy prófugo de la justicia.
Los artículos reposaban en una bóveda de la entidad. Fueron registrados por la Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría, antes de pasar a un depositario judicial, quien las cuidará hasta el remate final.
Entre las joyas incautadas destacan:
- 18 relojes de marca, entre ellos Rolex y Cartier.
- 48 pares de aretes.
- 46 anillos.
- 75 cadenas.
- 1 juego completo de joyas con cristales Swarovski.
Reparación integral pendiente
En medio de los numerosos casos que Larrea enfrenta, el proceso por enriquecimiento ilícito fue el primero en el que fue sentenciada. El fallo se dio en marzo de 2018.
Además de los 56 meses de cárcel, el Tribunal Penal ordenó el pago de USD 3,6 millones como reparación integral al Estado. De este total, unos USD 1,4 millones son al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), USD 1,2 millones al Ministerio de Industrias; y USD 1 millón al Estado.
Tras dos años el pago no se concretó. Por esta razón, la Procuraduría, en representación de los afectados, empezó un proceso de ejecución de la sentencia por vía judicial.
Luego de Larrea no cumpliera con la reparación al contado ni a través de una fórmula de pago, la Justicia ordenó el embargo de todas sus propiedades. Posteriormente estos serán rematados para que el Estado recupere, al menos, parte de los USD 3,6 millones.
El 13 de noviembre de 2020, la Procuraduría General del Estado (PGE) embargó ocho solares en El Empalme, provincia de Guayas.
Antes, en cambio, se habían embargado el 50% de los derechos y acciones de un consultorio y un parqueadero en Guayaquil, y un departamento en Quito.
El caso es uno de los nueve en los que la Procuraduría busca el cobro de USD 104,1 millones, a través de procesos judiciales de ejecución de sentencia.
También le puede interesar:
Estado intenta cobrar USD 104,1 millones a sentenciados por corrupción
Solo dos de los ocho casos, en los que la Procuraduría busca la recuperación de capitales robados al Estado, han llegado a la fase de embargo.
Compartir:
