Convención de 1933 rige para la eventual extradición de Sebastián Yunda

La Policía Federal Argentina arrestó a Sebastián Yunda en la entrada del Hospital Italiano, en el barrio Almagro de Buenos Aires (Argentina) el miércoles 1 de diciembre de 2021.

El artista e hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, había agendado un turno para recibir una atención médica. Pero, antes de ingresar a la casa de salud, las autoridades argentinas lo interceptaron.

Los oficiales ejecutaron una alerta roja que giró la Interpol por pedido de la justicia ecuatoriana.

Desde el 11 de octubre de 2021, en contra de Yunda hijo pesa una orden de prisión preventiva dispuesta por el juez Máximo Ortega, luego de que el procesado incumpliera las medidas de presentación periódica y de colocación de un grillete electrónico.

La Fiscalía ecuatoriana procesa a Sebastián Yunda por presunta asociación ilícita.

Según la entidad, valiéndose de su relación familiar con el entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, intentó ejercer influencia en suscripciones de contratos y en decisiones de la Alcaldía de Quito y en otras instituciones adscritas.

Dos días después de su detención en Argentina, el vocalista de la banda 4AM volvió a la libertad bajó la figura de caución juratoria. Es decir, podrá gozar de libertad mientras se completa el trámite de extradición.

Sin embargo, durante ese tiempo, no puede dejar ese país, debe presentarse ante un juzgado y no puede alejarse de su domicilio por más de dos días.

El trámite de extradición inició

Al día siguiente de la detención de Sebastián Yunda en Argentina, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) recibió la notificación del arresto.

Saquicela trasladó esa notificación al juez Ortega, quien dispuso la orden de captura y solicitó la orden de difusión roja a la Interpol. Esto para que Ortega pida que se inicie la extradición.

Ese paso, finalmente, se cumplió el 7 de diciembre de 2021. Según el registro judicial, a las 11:42 Ortega solicitó a Saquicela que tramite el regreso del procesado.

La solicitud, conforme lo manda la Ley de Extradición, consta de cuatro puntos:

• Resumen de los hechos que fundamentan el caso, incluyendo el lugar, la fecha, la naturaleza y las circunstancias.
• Los datos sobre la identidad, nacional y residencia del sujeto reclamado.
• Presunto delito, posible pena y tiempo de prescripción. En este caso se trata de asociación ilícita, que se castiga con sentencias de tres a cinco años de cárcel y prescribe en cinco años.
• Adjuntos de las piezas procesales: actas de audiencias de formulación de cargos, vinculación a la instrucción, revisión de medidas y los oficios solicitando la localización y captura a la Interpol.

La diplomacia a la cancha

Con la documentación en su poder, Saquicela deberá dictaminar si procede o no la extradición. Para que proceda debe existir un tratado internacional en esta materia suscrito entre Ecuador y Argentina.

En este caso, ambos países son suscriptores de la Convención sobre Extradición, celebrada en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933.

Si se emite un dictamen afirmativo, Saquicela deberá enviar una copia de la orden de prisión preventiva al canciller Mauricio Montalvo, a fin de que "practique las gestiones diplomáticas que sean necesarias para obtener la extradición del prófugo".

La Cancillería deberá solicitar a su par en Argentina que se inicie la extradición. En ese país, el procedimiento está normado por la Ley 24.767.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina debe valorar que la solicitud cumpla con los requisitos y documentos de ley. En caso de que falte alguno, podría solicitar a Ecuador que subsane las falencias.

Con el pedido completo, ese Ministerio puede admitir el pedido. En ese caso el trámite pasa a la Función Judicial para su tratamiento y decisión. El proceso de Yunda está a cargo del Juzgado Federal 10 de Comodoro Py, a cargo del juez Julián Ercolini, y la fiscal federal Paloma Ochoa.

Ercolini es conocido por ser el juez que imputó a la expresidenta, Cristina Fernández, en una causa que investiga hipotéticos delitos en el pago de la obra pública.

Esa decisión fue criticada debido a que María Julia Kenny, esposa del magistrado, fue asesora de Germán Garavano, ministro de Justicia del Gobierno de Mauricio Macri.

En caso de que el Gobierno argentino rechace el pedido, en cambio, comunicará su decisión Ecuador por las vías diplomáticas y el trámite terminaría en ese momento.

Salvedad para los casos políticos

El artículo 3 de la Convención sobre Extradición de 1933, que se aplicará en el caso de Yunda, estipula seis causas en las que el país requerido no está obligado a conceder la extradición.

La sexta causa dice: "Cuando se trate de delito político o de los que le son conexos".

Aunque la defensa de Yunda en Ecuador no ha hablado del proceso de extradición, por una cláusula de reserva en su contrato. PRIMICIAS conoció que la familia del exalcalde ya ha contratado un equipo jurídico en Buenos Aires para encargarse de este tema.

Tampoco se conoce la estrategia de esos abogados para frenar la extradición. Aunque el exalcalde Jorge Yunda dio pistas de que se intentará demostrar que se trata de un caso político.

"Mi hijo amado no se ha robado ni un solo centavo, los odios y la miseria humana de una clase política que está destituyendo el país nos persiguen, conmigo lo que quiera no con la familia, miserables" (sic), escribió el político Twitter luego de conocerse la detención de su hijo en Argentina.

Ecuador tiene un antecedente reciente de este tipo de gestión, con resultados negativos.

El 9 de abril de 2019, la Policía peruana detuvo en Lima (Perú) a Ramiro González, exdirector del IESS durante el correísmo. Su detención se hizo por una orden de notificación roja de la Interpol, que generaron las autoridades ecuatorianas.

La Unidad Penal de Quito requirió a González por el delito de tráfico de influencias.

El 17 de junio de 2019, la Corte Suprema de Perú decidió liberar a González y suspender el trámite de extradición, hasta que se conociera el resultado de la solicitud de refugio que el imputado había hecho en ese país.

El pedido de refugio se negó el 28 de noviembre de ese año. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2019 la Sala Penal Permanente de la Corte Peruana decidió negar el pedido de extradición, por cuanto, su imputación “resulta genérica”.

Durante ese proceso, González y su defensa alegaron que las acusaciones en su contra se deben a una persecución política.

Además, los casos tienen otro punto en común. Al igual que González, Yunda tiene en trámite un pedido para obtener la condición de refugiado en Argentina.