El futuro de la ley para garantizar el aborto por violación dependerá de las pugnas políticas dentro de la Asamblea, pues la Presidenta incluyó este tema en la sesión de este martes, en la que se tratará la comisión multipartidista para la evaluación del CAL.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, busca la manera de mantenerse en su cargo. A pesar de que la funcionaria aseguró que daría paso a la creación de una comisión que la evalúe a ella y al Consejo de la Administración Legislativa (CAL), sus acciones muestran las intensiones de bloquear esta iniciativa.
El problema para Llori es que todas las bancadas, menos del movimiento indígena Pachakutik hablan ya de la necesidad de una evaluación por un posible incumplimiento de funciones de su parte. Y este proceso podría terminar en su remoción del cargo, aunque no como asambleísta.
En este escenario, a Llori solo le queda el apoyo oficial de Pachakutik. Pero dentro de esa bancada también hay quienes llaman a la Presidenta a dar un paso al costado.
Así, mientras Llori busca frenar la creación de la Comisión en el Pleno de la Asamblea con acciones dentro y fuera del Legislativo, al final del día lo que importará es cómo se alinearán las bancadas antes y durante la sesión.
El primer bloqueo: el aborto
El primer intento de bloqueo está en la convocatoria misma para la sesión del Pleno del martes 5 de abril. Llori decidió poner en agenda el tratamiento del informe sobre el veto presidencial a la Ley para garantizar el aborto en casos de violación.
El tema del aborto, de por sí, ya es polémico. Pero incluir este tema en la sesión en la que se analizará el tema de la comisión multipartidista de evaluación es una movida política.
Las últimas dos sesiones en las que el correísmo, el PSC y la facción rebelde de Pachakutik intentaron incluir este punto fueron suspendidas por la Presidenta. Incluso, después de que en ambos casos hubiera apelaciones a la Presidencia.
Esto quiere decir que, si hay otra polémica en la sesión del martes, probablemente haya una nueva suspensión.
Sin embargo, incluir el tema del aborto en la sesión obliga a los asambleístas a tratar de que la sesión no sea suspendida. El veto presidencial puede tratarse solo durante los 30 días posteriores a su entrega, que se cumplen el 14 de abril. Si la Asamblea no se pronuncia hasta esa fecha, entrarán en vigencia los cambios propuestos por el presidente Guillermo Lasso a la iniciativa.
Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, que tramita la ley para el aborto en casos de violación, aseguró que mantuvo una reunión con Llori sobre este tema. "Esperemos que cumpla con su palabra de que no va a suspender la sesión, porque esto afectaría directamente a las niñas, jóvenes y mujeres que buscan una ley justa y reparadora", aseguró.
El legislador aseguró que esperan tener los 70 votos para enviar el veto presidencial a la Corte Constitucional, con lo que los plazos quedarían suspendidos y no habría riesgo de que el veto se ponga en vigencia.
El segundo bloqueo: las cautelares
Llori y el procurador judicial de la Asamblea, Santiago Salazar, presentaron un pedido de medidas cautelares en contra del posible cambio del orden del día que impulsan los correístas de UNES, el conservador PSC y los rebeldes expulsados de Pachakutik.
La demanda fue presentada en contra del Pleno de la Asamblea Nacional, a pesar de que Llori mismo es su representante legal. El proceso fue sorteado y asignado a un Tribunal de Garantías Penales del cantón Quito, y hasta el cierre de esta edición no estaba calificado.
En la demanda, Llori alega que la posible evaluación vulneraría sus derechos a la protección, al debido proceso y a la seguridad jurídica:
"Que exista un mal procedimiento parlamentario sin duda amenaza de modo inminente y grave con violar los derechos".
Según Llori, no es correcto intentar crear la comisión multipartidista a través de una resolución del Pleno. Basa su argumento en un criterio jurídico de la Procuraduría, que sostiene que debería haber una denuncia en su contra.
Justamente este es ahora el debate entre las bancadas: el proceso. UNES, el PSC, la bancada oficialista BAN y la ID coinciden en que, dada la crisis legislativa, es necesaria la evaluación al CAL y, sobre todo, a Llori:
- UNES, el PSC y los "rebeldes" van por la vía del Pleno.
- Mientras que la ID y el oficialismo plantean la vía de la denuncia, tal como lo propone la Procuraduría.
Pero, todo depende de los votos. Por lo que, si el Pleno de la Asamblea logra los 70 necesarios para conformar la comisión que analice el presunto incumplimiento de funciones, el proceso debería seguir adelante.
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