Los cuatro enredos del Consejo de Participación a puertas de elecciones

La Comisión de Fiscalización comienza este 21 de octubre de 2022 el trámite del juicio político en contra de los siete vocales del Consejo de Participación: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. La mesa legislativa aprobó el cronograma, que establece que las comparecencias serán hasta el 26 de octubre. Después, la Comisión redactará su informe, que puede recomendar o no el juicio político en el Pleno de la Asamblea. Este proceso es impulsado por el PSC, UNES y la facción "rebelde" de Pachakutik, por lo que se puede adelantar que hay suficientes votos para censurar y destituir a los vocales o, al menos, a los cuatro de mayoría. El problema es que, gracias a las demoras en la Asamblea, este juicio político va a la par del proceso electoral. Cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación (Rivadeneira, Bravo, Rosero y Estupiñán) buscan su reelección y tienen calificadas sus candidaturas. Como no hay certeza sobre si el juicio político en contra de estos cuatro consejeros puede avanzar, la mayoría del Consejo de Participación (Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán) enviaron una consulta a la Procuraduría para que zanje las dudas. El problema está en que, si llegan a ser destituidos y censurados, tendrían también la prohibición de ejercer cargos públicos por los próximos dos años. Sin embargo, sus candidaturas ya están en firme y no pueden ser revisadas.

La elección de los nuevos siete vocales del Consejo de Participación será en las elecciones de febrero de 2023. La ley permite que los vocales de esta institución opten por la reelección en una ocasión; sin embargo, no establece normas sobre si pueden o no seguir ejerciendo ese cargo durante la campaña. En las elecciones de 2019, las primeras en las que los ecuatorianos votaron por los miembros del Consejo, no hubo ningún candidato a la reelección. Para ese entonces, estaba instalado el Consejo de Participación Transitorio, cuyos miembros no se presentaron para las elecciones. Por lo que no hay certezas. En el caso de candidatos a alcalde, a prefecto o a concejal que buscan la reelección inmediata, el Código de la Democracia determina que deben obligatoriamente pedir licencia sin sueldo durante la campaña. Sin embargo, la campaña de los candidatos al Consejo de Participación es diferente, pues los postulantes solo reciben promoción del CNE, y no pueden hacer ningún tipo de publicidad financiada con recursos propios. Aquí, el CNE deberá determinar qué pasa con estos cuatro postulantes.

La campaña electoral para los candidatos al Consejo de Participación será entre el 2 de enero y el 3 de febrero de 2022. Cada postulante deberá presentar un plan de trabajo, que será promocionado por el CNE. Sin embargo, el Gobierno insiste en una enmienda constitucional para quitar al Consejo de Participación su facultad de designar autoridades. Según los voceros del Ejecutivo, esta reforma es la "columna vertebral" del referendo que impulsan, por lo que seguirán insistiendo. Con los demorados tiempos del trámite del referendo, este se llevaría a cabo a la par de las elecciones. Es decir, que la ciudadanía podría llegar a votar por los nuevos consejeros, y por quitarles las funciones a ellos mismo. Si llega a pasar la propuesta del Gobierno y llega a ganar en las urnas, el Consejo se quedaría básicamente solo con las funciones relacionadas con participación ciudadana. Esta nueva propuesta del Gobierno además propone un nuevo cambio en la forma de selección de los consejeros: que sea mediante un proceso en la Asamblea. Sin embargo, no establece un régimen de transición; es decir, no dicen qué va a pasar con los siete consejeros designados en las elecciones y cuándo debería ser el nuevo proceso de designación. Por lo tanto, los siete vocales votados en 2023 tendrían que quedarse los cuatro años para los que fueron electos. Al final de ese período, la Asamblea entraría a seleccionar a sus reemplazos.

A la par, el Consejo de Participación lleva adelante demorados procesos de selección de autoridades, que enfrentan sus propias polémicas. Estos problemas son la base para que el Gobierno apunte a una reforma radical a la institución. Este 21 de octubre, el Consejo debe decidir, de la terna enviada por el Ejecutivo, quién será el nuevo Procurador General del Estado. Sin embargo, última sesión pública sobre este tema estuvo llena de reclamos y polémica. La sesión estaba convocada para escuchar los planes de trabajo de los tres postulantes. El consejero David Rosero asegura que hay un conflicto de intereses en el hecho de que el Consejo haya preguntado a la Procuraduría sobre su juicio político. El nuevo Procurador debe ser designado el 21 de octubre, y la consulta se envió la noche del 19; es decir, que la respuesta vendrá de la nueva autoridad seleccionada.

RECHAZO la resolución tomada entre gallos y media noche por 4 consejer@s del gobierno q aprobaron consultar a la @PGEcuador si cabe juicio político una vez "calificadas" las candidaturas al @CpccsEc por parte del CNE. Conflicto de intereses cuando se va designar nuevo procurador? pic.twitter.com/ilNiIfDt1S

— David Rosero (@davidroserow) October 20, 2022