El cura Tuárez gestionó puestos en al menos siete instituciones públicas
José Carlos Tuárez durante su arresto, en noviembre de 2019.
Fiscalía
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Agosto es un mes de malas noticias para José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. El 17 de agosto de este año fue sentenciado a cinco años de cárcel por asociación ilícita.
Y fue justamente ese mes, pero en 2019, que la Asamblea lo destituyó del Cpccs por incumplimiento de funciones. Ese mismo mes empezó a conversar con Eduardo Cedeño Cortez, quien a la postre lo denunciaría y llevaría a la cárcel.
Según el expediente del juicio, en agosto de 2019 Tuárez se reunió por primera vez con Cedeño en el aeropuerto de Esmeraldas. En las semanas posteriores mantuvieron contacto telefónico permanente y el 13 de septiembre de 2019 se volvieron a reunir en un hotel de Guayaquil.
Tuárez le ofrecía a Cedeño altos cargos públicos en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) o en el Servicio Nacional de Aduanas (Senae). Para la DGAC, Tuárez pedía USD 4 millones; y para la Aduana, USD 24 millones.
En la reunión en Guayaquil, Tuárez presentó a Cedeño a Sebastián Pita, a quien lo señaló como su asesor y quien se encargaría de tramitar los puestos. También participó Mario Trejo, quien era la mano derecha de Tuárez.
Pita, Trejo y otras 11 personas, de las 30 que pertenecían a esa red de corrupción, se declararon culpables. Se sometieron a un procedimiento abreviado y fueron sentenciados a un año de cárcel. Lo que terminó por complicar más a Tuárez.
Siete instituciones
Luego de la primera denuncia de Cedeño, la Fiscalía continúo investigando.
A través de escuchas telefónicas, interceptación de teléfonos y seguimientos judiciales, la Fiscalía determinó que la red comandada por Tuárez operó en al menos siete entidades públicas.
- Ministerio de Salud
- Dirección General de Aviación Civil (DGAC)
- Servicio Nacional de Aduanas (Senae)
- Consejo e la Judicatura
- Petroecuador
- Prefectura de Esmeraldas
- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)
En el juicio, la Fiscalía mostró conversaciones vía chat entre Tuárez, Pita, Trejo y otros involucrados, entre los que resalta el nombre de Renata Jalkh, hermana del expresidente de la Judicatura Gustavo Jalkh.
Ella también aceptó su culpa y recibió una pena de un año.
En esas conversaciones se habla de cargos en la Autoridad Portuaria, en el Servicio de Compras Públicas y otras entidades. Aunque en el transcurso de la investigación no se hallaron evidencias de que las contrataciones en esas instituciones se hayan concretado.
Los 30 integrantes de la red se encargaban de identificar qué puestos estaban libres en las entidades.
Luego, Tuárez, aprovechando su cargo en el Cpccs y usando el nombre de familiares del presidente Lenín Moreno, presionaba a los directivos de las instituciones para ubicar a sus referidos en esos puestos.
A cambio, los interesados le pagaban altas sumas de dinero. César Suárez, fiscal a cargo del caso, dijo que la red incluso llegó a recibir metales preciosos como piedras, esmeraldas y barras de oro como forma de pago.
Por esta razón, el 2 de diciembre de 2020, la Presidencia de la República denunció a Tuárez por el mal uso del nombre de la primera dama, Rocío González de Moreno.
Dos instancias más
La reunión entre Tuárez y Cedeño fue en septiembre de 2019, cuando el primero ya había sido destituido del Cpccs. Por esta razón, su caso no se juzgó con fuero de Corte.
La sentencia de cinco años corresponde al juzgamiento de primera instancia. Teresa Rivas, abogada de Tuárez, aseguró que no está conforme con la sentencia y que la apelará.
Según la abogada, la Fiscalía solo pudo presentar llamadas telefónicas y reportes de vigilancia de Tuárez con Eduardo Cedeño y con Mario Trejo.
Pero -dijo Rivas- Tuárez no niega esas reuniones y llamadas pero descarta que hayan tenido que ver con la tramitación de cargos, sino que estas personas estaban interesadas en aportar en una eventual campaña política de Tuárez.
Este recurso deberá tramitarse ante la Corte Provincial del Guayas. Y en caso de que se ratifique la sentencia, Tuárez todavía podrá interponer un recurso de casación, que será el último antes de que se ejecute las sentencia.
Sin embargo, Tuárez fue detenido el 28 de noviembre de 2018. Es decir, ya ha cumplido ocho meses y 20 días de la sentencia de cinco años.
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