El caso de Atamaint-Loyo llegó a la Fiscalía General

"Diana Atamaint que tiene responder, esta vez, a la Fiscalía", dijo la asambleísta de Creo, Jeannine Cruz.

Ella, junto con sus compañeros de bancada, presentó una acción penal en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint y Luis Loyo, exdirector nacional de Procesos Electorales (ahora preso), por indicios de un presunto delito de tráfico de influencias.

Cruz insiste en que debe investigarse la contratación de Luis Loyo en el CNE. La consejera Estela Acero recomendó su contratación, como parte de su equipo de trabajo. Como publicó PRIMICIAS, su nombres se incluyó en una lista de recomendaciones de Acero.

Loyo fue sentenciado en 2010 a nueve años de prisión por falsificación de un documento público. Sin embargo, en 2018, llegó al organismo electoral como director de capacitación y, después, ascendió a director nacional de Procesos Electorales.

En diciembre de 2019 -mientras trabajaba en el CNE- la justicia sentenció a Loyo nuevamente, por asociación ilícita como parte de una red de tráfico de influencias.

Los antecedentes

Los vocales de minoría del CNE, Enrique Pita y Luis Verdesoto, denunciaron los antecedentes de Loyo. Atamaint no dio paso a la investigación interna.

Esta fue una de las causas para que Cruz iniciara un proceso de juicio político contra la presidenta del CNE a juicio político, pero fracasaron: el caso no logró pasar de la Comisión Fiscalización. Por eso, fueron a la Fiscalía.

Entre las evidencias que anunció Cruz, están "más de 26 contratos que fueron firmados por Diana Atamaint y sugeridos por Luis Loyo", dijo. Y añadió: "no podemos estar con una presidenta que aplaudía el tráfico de influencias".

PRIMICIAS reveló que Loyo recomendó 36 contrataciones durante 10 meses en el CNE. Atamaint aprobó todas ellas y las remitió a Talento Humano.

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