Los siete nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberían asumir el cargo este 14 de mayo, pero quedan pendientes recursos en el Tribunal Contencioso Electoral. Estos funcionarios son los primeros escogidos por la ciudadanía en las urnas. Sus perfiles y profesiones son distintas.
Consejera
María Fernanda Rivadeneira Cuzco
32 años, abogada
Trabajó en el sector público y privado. Fue abogada regional de la Procuraduría General y secretaria de coactivas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las elecciones de marzo de 2019 no fueron su primera carrera por un cargo de elección popular: en las elecciones de 2009 fue candidata a la Asamblea por Manabí, con Alianza País. En 2013 se inscribió como alterna del candidato a legislador Jorge Cedeño, por Creo para Manabí, pero no logró la curul. También fue proveedora de insumos médicos para el Estado.
Consejera
Sofía Almeida Fuentes
32 años, ingeniera en Ciencias Empresariales
Es máster en Administración de Empresas. Además está cursando la carrera de Contabilidad. Trabajó entre 2008 y septiembre del 2018 en la Contraloría General del Estado, en su delegación del Guayas. El último cargo que ocupó es el de especialista de auditoría. Fue una de las candidatas que recibió públicamente el apoyo de Jaime Nebot, alcalde saliente de Guayaquil. Su principal oferta fue la creación de un sistema informático de control de los servidores públicos.
Consejera
Victoria Densintonio Malavé
30 años, abogada
Es una de las candidatas que recibió el apoyo del expresidente Rafael Correa. Trabajó principalmente en el sector público, en el Ministerio Coordinador de la Política, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Inclusión Económica, el Consejo de la Judicatura en Guayas y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. En el sector privado, trabajó durante cuatro años como técnica de proyectos de Jubileo 2000, fundación de la que formó parte el excanciller Ricardo Patiño. Se ha mostrado crítica a las acciones del Consejo Transitorio saliente.
Consejera
Rosa Chalá Alencastro
54 años, abogada y licenciada en Ciencias Políticas
Representante de los pueblos y nacionalidades. Tiene una maestría en Desarrollo Humano Local. Trabajó durante dos años en el Consejo Nacional Electoral, en temas de participación democrática, formación y control del gasto electoral. Fue postulante para integrar el primer Consejo de Participación Ciudadana en 2008, sin embargo no estuvo entre las escogidas en el concurso. Su propuesta de campaña se enfocó en el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana.
Consejero
Walter Gómez Ronquillo
48 años, licenciado en Publicidad
Tiene un máster en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Ha desempeñado cargos principalmente en el sector privado. Fue director ejecutivo durante 13 años de la Fundación Vida Libre, y trabajó como administrador de una peluquería. En el sector público, fue miembro del Consejo para la Igualdad de Género en representación de la sociedad civil LGBTI. En 2017 fue nombrado delegado provincial del cesado Consejo de Participación. Anunció que propondrá una revisión de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
Consejero
Christian Cruz Larrea
42 años, ingeniero Financiero y Bursátil
Trabajó como consultor y expositor en gobiernos locales, a través de contratos. Fue campeón nacional de taekwondo. Fue candidato al Consejo de Participación en 2010, pero no obtuvo el puesto de vocal en el concurso de méritos y oposición realizado. En 2014 la empresa pública Ecuador Estratégico le adjudicó un contrato para “estudios para la dotación de agua potable, tanque elevado y sistema de bombeo” para comunidades del cantón Putumayo, en Sucumbíos, por USD 147.000.
Consejero
José Tuárez Zambrano
41 años, sacerdote y licenciado en Teología
Tiene un diplomado en Educación Superior. Trabaja como voluntario en la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Ha realizado su trayectoria en el sector privado, como profesor en colegios y universidades. Su postulación para el Consejo de Participación recibió críticas de parte de representantes de la Iglesia Católica, mientras que grupos provida apoyaron su candidatura. Entre sus ofertas de campaña se encuentra la de hacer una propuesta de reforma a las mallas curriculares para incluir materias relacionadas con ética.
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